Bienestar emocional: construir una política de salud con la gente
La salud mental es una parte esencial de nuestra vida. Influye en la manera en que nos relacionamos, enfrentamos las dificultades, estudiamos, trabajamos y participamos en nuestras comunidades. Sin embargo, durante mucho tiempo, los problemas relacionados con el bienestar emocional se han enfrentado en silencio, entre prejuicios, dificultades para acceder a servicios profesionales y una atención institucional que necesita fortalecerse.
Por eso, la iniciativa que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, envió al Congreso de la Ciudad de México para expedir una nueva Ley de Bienestar Emocional, Salud Mental y Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas abre una discusión de gran importancia para el presente y el futuro de nuestra ciudad.
La propuesta busca actualizar el marco jurídico capitalino, armonizarlo con la legislación federal e integrar en un mismo ordenamiento la atención de la salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas. Su planteamiento parte de una idea fundamental: todas las personas tienen derecho a recibir atención digna, oportuna, accesible y de calidad, sin discriminación y con pleno respeto a sus derechos humanos.
Los datos incluidos en la iniciativa muestran la dimensión del desafío. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, citada en el documento, 17.8% de la población adulta de la Ciudad de México presenta síntomas depresivos, mientras que 12.5% registra síntomas de ansiedad severa. Estas cifras nos recuerdan que el bienestar emocional debe formar parte de las prioridades de salud pública.
No podemos esperar a que una situación se agrave para actuar. Necesitamos fortalecer la prevención, facilitar la detección temprana y acercar los servicios a las personas, especialmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad o tienen mayores dificultades para recibir atención especializada.
Uno de los aspectos relevantes de la iniciativa es su apuesta por una red de servicios con base comunitaria, organizada en distintos niveles de atención. Esto supone reconocer que las necesidades de cada persona son diferentes y que la respuesta institucional debe contemplar desde la promoción del bienestar y la prevención hasta la atención de crisis, el tratamiento y la reintegración social.
También se plantea dar prioridad a la prevención del suicidio, mejorar la coordinación para atender las urgencias relacionadas con crisis de salud mental y fortalecer la capacitación del personal que interviene en estas situaciones. La atención debe poner en el centro la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las personas.
La propuesta contempla, además, derechos como el consentimiento informado, la confidencialidad de la información y la posibilidad de contar con una persona de apoyo para comprender las opciones disponibles y tomar decisiones sobre la propia atención. En el caso de niñas, niños y adolescentes, incorpora disposiciones relacionadas con su interés superior y su autonomía progresiva.
Estos principios son indispensables para construir servicios que acompañen a las personas y respeten sus decisiones. La atención en salud mental requiere conocimientos profesionales, sensibilidad y una comprensión integral de las circunstancias sociales, familiares y económicas que pueden influir en el bienestar.
Otro componente es la atención del consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva integral. La prevención y el tratamiento deben acompañarse de acciones para reducir riesgos y daños, ofrecer información y evitar que los prejuicios impidan a las personas acercarse a los servicios. Quien necesita ayuda debe encontrar una puerta abierta, orientación profesional y condiciones para recuperar su bienestar y fortalecer sus vínculos con la comunidad.
La iniciativa también propone consolidar al Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA) como instancia rectora técnica, regular los centros de atención integral y establecer consejos de coordinación territorial en las alcaldías. Estas medidas pueden contribuir a ordenar los servicios y mejorar la colaboración entre las instituciones responsables.
Sin embargo, el alcance de cualquier reforma depende de su aplicación. Una ley debe traducirse en atención efectiva, personal capacitado, servicios cercanos a las comunidades, mecanismos de evaluación y recursos suficientes para cumplir sus objetivos. De ahí la importancia de revisar no solamente lo que establece el texto, sino también las condiciones necesarias para llevarlo a la práctica.
En este proceso, el parlamento abierto anunciado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México representa una oportunidad que debemos aprovechar. Las iniciativas enviadas por la jefa de Gobierno merecen una discusión amplia, en la que participen especialistas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud, familias y personas que han utilizado estos servicios.
La experiencia de quienes han enfrentado problemas de salud mental o situaciones relacionadas con el consumo de sustancias tiene un valor particular. Sus testimonios pueden ayudar a reconocer barreras de acceso, prácticas que deben corregirse y necesidades que requieren una respuesta más precisa. La participación ciudadana debe servir para enriquecer el análisis legislativo y contribuir a que las decisiones respondan a las realidades de la población.
El parlamento abierto también permite examinar cómo se aplicarán las nuevas disposiciones, qué mecanismos garantizarán el respeto a los derechos humanos y cómo se evaluarán los resultados. Escuchar, analizar y construir acuerdos es parte de la responsabilidad que tenemos como representantes populares.
Desde el Congreso debemos asumir esta discusión con apertura y compromiso social. La salud mental no pertenece a una sola fuerza política ni puede reducirse a una diferencia ideológica. Es un asunto que involucra a las familias, las escuelas, los centros de trabajo, las instituciones públicas y las comunidades.
La transformación de los servicios de salud exige que el bienestar de las personas esté por encima de los prejuicios y que las políticas públicas tengan como propósito ampliar derechos y reducir desigualdades. La iniciativa presentada por Clara Brugada ofrece una base para avanzar en esa dirección, y el debate legislativo permitirá examinar sus alcances y fortalecer sus disposiciones.
Construir una ciudad que cuide a su gente implica reconocer que pedir ayuda no debe ser motivo de vergüenza y que recibir atención no puede depender de las posibilidades económicas de cada persona. El bienestar emocional debe ser parte de una vida digna.
Por eso, el reto es convertir esta discusión en una oportunidad para construir mejores respuestas públicas. Con participación ciudadana, responsabilidad legislativa y voluntad de escuchar, podemos avanzar hacia una ciudad donde todas las personas encuentren apoyo, respeto y oportunidades para vivir con mayor bienestar.
-Pablo Trejo, Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
