Hay problemas que no se resuelven encerrando a las personas. Se resuelven escuchándolas, atendiendo las causas de su sufrimiento y garantizando que nadie tenga que elegir entre su salud y su dignidad.
El consumo problemático de sustancias es uno de esos desafíos que durante mucho tiempo se han abordado desde el prejuicio, el castigo y la exclusión. En lugar de reconocer que detrás de cada persona hay una historia, una familia y un conjunto de circunstancias sociales, hemos permitido que se extienda la idea de que basta con aislarla para resolver el problema.
Por eso es importante discutir la iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante el Congreso de la Ciudad de México, para regular los internamientos en centros de atención a las adicciones y evitar que las personas sean ingresadas por la fuerza, sin su consentimiento y al margen de sus derechos.
No se trata de negar la gravedad de las adicciones ni de desconocer la angustia que viven las familias cuando alguno de sus integrantes atraviesa una situación de consumo problemático. Se trata de entender que la preocupación de una familia, por legítima que sea, no puede convertirse en una autorización para vulnerar la libertad y la integridad de una persona.
La recuperación no puede construirse sobre la humillación.
Durante años, la discusión pública sobre las adicciones ha estado marcada por una falsa disyuntiva: o se obliga a la persona a recibir tratamiento o se le abandona a su suerte. Esa visión deja fuera lo más importante: el Estado tiene la obligación de construir alternativas de atención profesional, accesibles y humanas.
La iniciativa plantea que los internamientos sin consentimiento se reserven a situaciones excepcionales, bajo condiciones médicas y jurídicas específicas, y que la atención hospitalaria sea prioritaria cuando exista una emergencia que ponga en riesgo la vida o la integridad de la persona. También propone establecer mecanismos de supervisión para los centros públicos, privados y sociales que atienden estos casos.
Son medidas que parten de un principio fundamental: los derechos humanos no desaparecen cuando una persona enfrenta una adicción.
Tampoco podemos ignorar lo que ocurre dentro de algunos establecimientos que operan sin suficiente vigilancia. Las denuncias de maltrato físico y psicológico, incomunicación, hacinamiento y castigos contra personas internadas nos obligan a mirar de frente una realidad incómoda. Ninguna familia debería vivir con la incertidumbre de no saber qué sucede con un ser querido al que entregó para recibir ayuda.
Un centro de rehabilitación no puede convertirse en un espacio donde la voluntad de las personas sea anulada. Mucho menos puede utilizarse el sufrimiento como método de tratamiento.
Regular estos establecimientos significa establecer responsabilidades, verificar sus condiciones de operación y sancionar las conductas que vulneren la integridad de quienes buscan recuperarse. La atención a las adicciones necesita profesionales capacitados, protocolos claros y supervisión efectiva; no prácticas que confundan la disciplina con el abuso.
Pero hay otro asunto que debemos discutir con la misma seriedad: las causas sociales que rodean al consumo problemático de sustancias.
La precariedad, la violencia familiar, la falta de oportunidades, el abandono escolar y las dificultades para acceder a servicios de salud mental pueden agravar situaciones que requieren una respuesta integral. No todas las historias son iguales y, precisamente por eso, no podemos ofrecer una única respuesta basada en el encierro.
Desde las colonias sabemos que los problemas sociales no se atienden solamente desde un escritorio. Se necesita presencia comunitaria, coordinación entre instituciones y servicios que estén al alcance de quienes los requieren. También hace falta escuchar a las familias, acompañar a quienes atraviesan una crisis y garantizar que la atención no termine cuando una persona sale de un hospital o de un centro especializado.
La prevención debe comenzar antes de que una situación se convierta en emergencia. Las escuelas, los centros de trabajo, los espacios públicos y las comunidades pueden formar parte de una red de atención que identifique riesgos y acerque servicios de salud mental, orientación y acompañamiento.
En ese sentido, la propuesta de fortalecer la atención comunitaria y los servicios de reducción de riesgos y daños abre una discusión necesaria. Atender a una persona no significa exigirle que primero demuestre que merece ayuda. Significa reconocer que su salud y su vida importan desde el primer momento.
Por supuesto, una iniciativa no resuelve por sí sola todos estos desafíos. Habrá que revisar cómo se financiarán los servicios, con qué personal se pondrán en marcha, cómo se vigilará a los establecimientos y qué mecanismos garantizarán que las disposiciones se cumplan. El reconocimiento de los derechos debe traducirse en presupuesto, infraestructura, atención profesional y resultados verificables.
También será indispensable que las autoridades actúen con rapidez ante las denuncias y que las familias cuenten con vías accesibles para reportar abusos. La regulación solamente tendrá sentido si se aplica y si ninguna institución puede utilizar la vulnerabilidad de una persona para someterla a prácticas contrarias a la ley.
La transformación de una sociedad también se mide por la manera en que trata a quienes atraviesan sus momentos más difíciles. Si hablamos de justicia social, debemos hablar de salud accesible, de prevención, de acompañamiento y de respeto a la dignidad humana.
No podemos pedirle a una persona que reconstruya su vida mientras le negamos la posibilidad de ser escuchada. Tampoco podemos exigirles tranquilidad a las familias si no les ofrecemos instituciones confiables y alternativas reales de atención.
El reto es construir una ciudad que no abandone a quienes necesitan ayuda, pero que tampoco permita que, bajo el argumento de ayudarlos, se les prive arbitrariamente de su libertad.
Porque una sociedad más justa no es aquella que encierra sus problemas para dejar de verlos. Es aquella que tiene la capacidad de enfrentarlos, atenderlos y transformar las condiciones que los producen.
La dignidad humana no es un privilegio ni una concesión. Es un derecho que debe respetarse también —y especialmente— cuando una persona necesita ayuda para recuperar su vida.
