Si no respetamos a la presidenta, ¿qué esperamos para las demás?

México tiene por primera vez a una mujer presidenta. Tuvieron que pasar más de dos siglos para que una mujer llegara al cargo más alto de la República. Y, sin embargo, todavía hay quienes parecen incapaces de confrontar a Claudia Sheinbaum sin recurrir a los mismos prejuicios con los que durante generaciones se intentó mantener a las mujeres lejos del poder.

Rompimos el techo de cristal de la Presidencia, pero todavía hay quienes se empeñan en reconstruirlo con insultos, burlas y descalificaciones.

Y eso debería preocuparnos mucho más de lo que parece.

Porque aquí no se trata de impedir que se critique al gobierno. La presidenta tiene la obligación de rendir cuentas, explicar sus decisiones y responder por sus resultados. La oposición tiene todo el derecho de cuestionarla. Pero una cosa es ejercer oposición y otra muy distinta convertir la misoginia en una herramienta de confrontación política.

No se puede hablar de democracia mientras se intenta desacreditar la capacidad de una mujer por su apariencia, su carácter o su supuesta dependencia de un hombre.

A una presidenta hay que confrontarla con argumentos, no con los prejuicios que históricamente se han utilizado para negarles autoridad a las mujeres.

Hoy las redes sociales son uno de los principales escenarios de esta contradicción. Se han denunciado campañas coordinadas y operaciones mediante cuentas automatizadas para amplificar ataques contra el gobierno federal y contra Claudia Sheinbaum.

Esas denuncias merecen investigarse y sus responsabilidades deben acreditarse. Pero sería un error creer que el problema termina en las cuentas falsas.

Porque los bots pueden multiplicar un insulto millones de veces. Pero no inventaron el machismo que le da sentido.

Detrás de las burlas sobre la apariencia de una mujer, de los comentarios que cuestionan su inteligencia y de las insinuaciones que pretenden atribuir sus decisiones a un hombre, existen prejuicios que nuestra sociedad lleva demasiado tiempo tolerando.

Y ningún algoritmo nos obliga a reproducirlos.

Un algoritmo puede amplificar una agresión. Pero somos las personas quienes decidimos si la rechazamos, la compartimos o la normalizamos.

Ahí empieza nuestra responsabilidad. Y ahí también se exhibe nuestra congruencia.

Porque resulta profundamente contradictorio exigir respeto para las mujeres desde una tribuna y después minimizar expresiones misóginas cuando la mujer atacada pertenece a un proyecto político distinto.

No se puede hablar de igualdad sustantiva el 8 de marzo y guardar silencio frente a la discriminación el resto del año. No se puede condenar la violencia política de género cuando afecta a una compañera y después justificarla cuando se dirige contra una adversaria.

Los derechos de las mujeres no son una bandera que se levanta cuando conviene y se guarda cuando estorba.

Y esto debe quedar claro para todas las fuerzas políticas, incluido el movimiento al que pertenezco.

La congruencia no se demuestra defendiendo únicamente a quienes piensan como nosotros. Se demuestra siendo capaces de reconocer una injusticia incluso cuando afecta a alguien con quien tenemos profundas diferencias.

Pero hay un asunto todavía más importante: el respeto a la investidura presidencial.

Claudia Sheinbaum no solamente es una mujer que participa en política. Es la primera presidenta de México y encabeza una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano.

Su investidura merece respeto, independientemente de nuestras preferencias partidistas.

Respetar la Presidencia no significa someterse al gobierno. Significa comprender que ninguna diferencia política justifica convertir el género de quien gobierna en un instrumento de humillación.

Y aquí quiero plantear una pregunta que me parece indispensable.

Si desde los espacios de mayor visibilidad política no somos capaces de reconocer y rechazar los ataques basados en género contra la mujer que encabeza el Estado mexicano, ¿con qué autoridad moral exigimos que las demás mujeres sean respetadas en sus hogares, sus trabajos y sus comunidades?

¿Cómo exigimos que un hombre respete la autoridad de su jefa cuando desde la conversación política se pretende ridiculizar la autoridad de una presidenta?

¿Cómo pedimos a las familias que eduquen en igualdad si desde los espacios de poder se siguen reproduciendo prejuicios contra las mujeres?

¿Cómo pretendemos que una niña crezca convencida de que puede llegar a cualquier lugar si, cuando finalmente ve a una mujer llegar a la Presidencia, descubre que todavía tiene que defenderse de ataques que nada tienen que ver con su desempeño?

¿De qué sirve decirles a nuestras niñas que pueden ser presidentas si después les enseñamos que, cuando lo consigan, tendrán que soportar humillaciones por el hecho de ser mujeres?

Esa es la contradicción que tenemos enfrente.

Y no se resuelve con discursos de ocasión ni con mensajes de solidaridad que desaparecen cuando cambia la coyuntura política.

Se resuelve con una convicción que no admita excepciones.

Lo digo como abogada penalista, como diputada federal y como una mujer que ha acompañado a otras mujeres en la defensa de sus derechos.

He conocido historias de mujeres que tienen que luchar para que su palabra sea escuchada, para que su capacidad sea reconocida y para que las instituciones les brinden el respeto que merecen.

Sé lo que significa que una agresión se minimice, que una descalificación se justifique o que una mujer tenga que demostrar una y otra vez que merece ser tomada en serio.

Y precisamente por eso considero que la violencia de género no puede seguir tratándose como un asunto secundario dentro de la vida pública.

El problema no es únicamente lo que se dice contra una presidenta. Es lo que estamos dispuestos a normalizar cuando esas expresiones alcanzan a la mujer que ocupa el cargo más importante del país.

Porque si normalizamos la humillación desde arriba, ¿con qué legitimidad pretendemos combatirla abajo?

El respeto a las mujeres no puede depender de su posición social, de su militancia ni del cargo que ocupan. Pero tampoco puede desaparecer cuando llegan a ejercer autoridad.

La Presidencia no vuelve intocable a Claudia Sheinbaum. Sus decisiones pueden ser cuestionadas, pero su condición de presidenta tampoco la despoja de los derechos que tiene cualquier mexicana.

Y esa distinción debería ser elemental para quienes aspiran a representar a la ciudadanía.

La crítica política necesita argumentos. La fiscalización necesita pruebas. La oposición necesita propuestas. Ninguna de esas responsabilidades se cumple mediante descalificaciones basadas en el género.

Los insultos pueden producir tendencias. Las burlas pueden generar aplausos. Pero ninguna agresión misógina sustituye una propuesta para resolver los problemas del país.

México ya demostró que una mujer puede llegar a la Presidencia de la República.

Ahora tenemos que demostrar algo igualmente importante: que somos capaces de reconocer su autoridad sin reproducir los prejuicios que durante generaciones limitaron la participación política de las mujeres.

Que podemos cuestionar sus decisiones sin recurrir a estereotipos. Que podemos tener diferencias políticas sin convertirlas en ataques personales. Y que podemos defender los derechos de las mujeres sin preguntar primero de qué partido son.

No necesitamos una presidenta intocable. Necesitamos una vida pública en la que ni siquiera la confrontación política sirva de pretexto para desconocer los derechos de una mujer.

Porque defender a las mujeres frente a la misoginia no es una concesión ni una cortesía.

Es una responsabilidad.

Y si ni siquiera somos capaces de exigir respeto a los derechos de la primera presidenta de México, todavía nos queda mucho por hacer para garantizar los de todas las demás.

Maria Teresa Ealy Díaz Diputada Federal LXVI Legislatura

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