Agua para dispersar manifestantes, pero no para sus hogares
Hay una imagen que debería indignarnos a todos: mientras miles de familias en Guadalajara llevan meses denunciando que reciben agua sucia en sus casas, durante una protesta por ese mismo problema se utilizaron chorros de agua para dispersar manifestantes.
Agua para dispersar a quienes protestan. Agua limpia para sus hogares, todavía no garantizada.
Esa contradicción exige respuestas.
El 11 de octubre, una manifestación por la calidad del agua terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco. El saldo oficial fue de 39 personas detenidas y 59 lesionadas, entre civiles y policías. Hubo reportes de agresiones contra agentes y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
Pero hay algo que ninguna autoridad debe olvidar: la obligación de garantizar el orden público nunca puede convertirse en permiso para vulnerar los derechos humanos.
Lo verdaderamente preocupante es que una exigencia tan elemental como recibir agua limpia haya terminado en una discusión sobre detenciones, gases lacrimógenos y posibles abusos policiales.
Porque la pregunta de fondo sigue sin respuesta para muchas familias: ¿cuándo podrán abrir la llave sin preocuparse por la calidad del agua?
Y aquí aparece una diferencia que merece señalarse.
Mientras en Jalisco se exigían explicaciones por el operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó una postura pública: rechazó el uso de chorros de agua para disolver manifestaciones, pidió al Gobierno estatal explicar lo ocurrido y sostuvo que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo.
Ante las denuncias posteriores de posibles actos de tortura y abusos contra jóvenes detenidos, la presidenta pidió una investigación profunda, que se escuchara a las víctimas y que se determinaran responsabilidades.
Ese es el estándar que debemos exigir a todos los gobiernos: no proteger a una autoridad de las investigaciones, sino proteger a la ciudadanía de los abusos de autoridad.
Y conviene decirlo con claridad, la presidenta también ofreció colaboración federal para encontrar soluciones técnicas al problema del agua, mediante la coordinación con la Comisión Nacional del Agua.
Pero la responsabilidad del suministro local no desaparece por esa disposición a colaborar.
El gobernador Pablo Lemus tiene que responder por las decisiones de su administración. También debe aclararse la participación de las autoridades responsables del sistema de agua, las medidas que se están tomando y los plazos para garantizar un servicio seguro.
No basta con anunciar proyectos. Las familias necesitan saber qué agua están recibiendo hoy.
Y sobre el operativo policial, hay preguntas que tampoco pueden quedar sin respuesta:
¿Quién autorizó el uso de chorros de agua?
¿Quién decidió recurrir a gases lacrimógenos?
¿Se cumplieron los protocolos de uso de la fuerza?
¿Qué ocurrió con las personas que denunciaron abusos durante su detención?
Que las investigaciones respondan con pruebas y que, donde exista responsabilidad, haya consecuencias.
El pasado 18 de octubre, miles de personas volvieron a manifestarse. Y esa segunda movilización nos recuerda algo fundamental: se puede dispersar una protesta, pero no se puede dispersar un problema social con una manguera.
El derecho al agua está reconocido en el artículo 4º constitucional. También está protegido el derecho a manifestarse pacíficamente.
Ninguna autoridad puede escoger cuál de esos derechos le resulta más cómodo respetar.
El título de esta historia no debería ser el número de detenidos. Debería ser la solución a una crisis que afecta la vida cotidiana de miles de personas.
Y ése es el llamado que hago desde la Cámara de Diputados: agua segura, información pública, coordinación institucional e investigaciones independientes.
Porque el poder no se demuestra haciendo retroceder a una multitud. Se demuestra teniendo la capacidad de escucharla, responderle y resolver aquello que la llevó a protestar.
El agua no tiene partido. Pero la obligación de garantizarla sí tiene responsables.
María Teresa Ealy Díaz
Diputada Federal LXVI Legislatura
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