El cine estadounidense tiene una gran tradición judicial. Basta pensar en 12 hombres en pugna (Lumet, 1957) o Matar un ruiseñor (Mulligan, 1962). Sus tribunales admiten la comedia de Mi primo Vinny (Lynn, 1992) y Legalmente rubia (Luketic, 2001); el melodrama de Kramer vs. Kramer (Benton, 1979) y Yo soy Sam (Nelson, 2001); el suspenso de Cuestión de honor (Reiner, 1992), con su inolvidable «¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad!», y hasta el horror de El abogado del diablo (Hackford, 1997).
A ello se suman las adaptaciones de John Grisham, como The Rainmaker (Coppola, 1997) y Tiempo de matar (Schumacher, 1996). Con sus licencias dramáticas, estas películas hacen reconocibles las audiencias, los alegatos y los interrogatorios. Algunas sirven en las facultades de Derecho para discutir buenas y malas prácticas. Su valor está también en permitirnos entender qué se disputa y mediante qué reglas.
Otras cinematografías han retratado sus sistemas de justicia con igual fuerza: Francia con Anatomía de una caída (Triet, 2023) e Irán con Una separación (Farhadi, 2011), sólo por dar ejemplos recientes. Hasta el k-drama nos ha familiarizado con la abogacía surcoreana. Argentina merece punto y aparte: ahí están la obra maestra del thriller judicial El secreto de sus ojos (Campanella, 2009) y Argentina, 1985 (Mitre, 2022).
Pensaba en ello este fin de semana mientras veía Barreda (Goggi, 2026). Me pareció impecable la forma en que reproduce el juicio contra el odontólogo que asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra en 1992. Sentí envidia de esa capacidad para convertir un proceso penal en cine y lamenté lo poco que hemos explorado en México los vericuetos de nuestro sistema legal.
Tenemos el memorable enredo de Ahí está el detalle (Bustillo Oro, 1940), Entre abogados te veas (Fernández Bustamante, 1951) y las notables Las Poquianchis (1976) y Los motivos de Luz (1985), ambas de Felipe Cazals, inspiradas en crímenes reales. Hay más ejemplos, desde luego, pero cuesta reconocer una tradición sostenida. Mención aparte merecen los documentales: sus escenas judiciales suelen exhibir, con crudeza, las carencias del sistema. En buena parte de la ficción, en cambio, predominan la caricatura y el melodrama.
Esto viene al caso, irónicamente, después de ver El Juicio, la miniserie creada por Daniel Krauze y protagonizada por Eugenio Derbez. O, mejor dicho, la minitelenovela. Se presenta como una historia inspirada en casos reales; sí, en plural. Con ese título esperaba que el núcleo fuera el proceso que enfrenta a dos familias: la hija del personaje de Derbez es la víctima y el hijo del personaje de Pedro Alonso (sí, el Berlín de La Casa de Papel), el acusado.
Sin embargo, las escenas legales repiten un vicio de nuestras producciones: tratar las formas procesales como un estorbo que puede eliminarse a conveniencia del guion. El resultado hace pensar que la asesoría especializada, si la hubo, pesó menos que la necesidad de provocar una emoción inmediata. La ficción puede abreviar tiempos sin borrar la lógica de un procedimiento. El lenguaje, las etapas y las atribuciones de cada autoridad parecen intercambiables.
Las audiencias destacan por su anacronismo y desorden. Una escena en la que se desecha una prueba clave me hizo rabiar. Y están las órdenes de aprehensión supuestamente orquestadas y ejecutadas por la abogada de la víctima. Sí, como lo leen. La primera se cumple cuando la narración insiste en que la víctima desistió de dar continuidad a su averiguación previa. Todo ocurre gracias al heroísmo de la litigante, como si su voluntad pudiera suplir al Ministerio Público, al juez y a la policía.
La historia se sitúa en 2014. Conviene precisar que el sistema acusatorio se introdujo gradualmente en Puebla y llegó a la región judicial Centro en junio de 2016. Las reglas del procedimiento anterior importan para juzgar lo que vemos. Por eso desconcierta la sentencia que aparece después de un careo, sin dar cuenta de las etapas intermedias. Una de las grandes críticas a aquel sistema era precisamente la espera de meses entre el desahogo de pruebas y las resoluciones.
Ni Emilio Guerrero ni Jorge Zárate, efectivos como funcionarios judicial y ministerial, respectivamente, salvan los desatinos de un guion que prefiere el efectismo. Las películas argentinas demuestran que un proceso penal puede mantenernos al filo del asiento. Sus reglas contienen conflictos suficientes: una contradicción, una pregunta bien puesta o una prueba cuestionada pueden cambiar el destino de una persona.
Mi crítica es dura porque creo que el cine y la televisión retratan a las sociedades que los producen. El descuido con que presentamos la justicia exhibe nuestra ignorancia y nuestro desprecio por sus procedimientos. También alimenta la desinformación. Quien llega a un tribunal lleva consigo parte de su educación audiovisual: espera al abogado todopoderoso, la confesión providencial y la sentencia inmediata. Si nuestras pantallas insisten en esa fantasía, difícilmente nos ayudarán a comprender la justicia que tenemos y a exigir la que necesitamos.
Escribo estas líneas en la víspera de mi cumpleaños. Lo mejor está por venir.
= Mtro. Héctor Pérez Rivera
