Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera perfil en un sitio de reseñas laborales, la calificación promedio rondaría las tres estrellas, y el comentario ancla diría algo así: “buen sueldo, pero el ambiente entre los jefes es tóxico.” Porque eso, y no otra cosa, es lo que dejó la sesión del pasado jueves 13 de agosto: un Pleno dividido no por una gran tesis constitucional, sino por quién tiene derecho a un seguro de gastos médicos mayores.
El origen fue modesto: el Pleno rechazó un proyecto de resolución de la ministra Lenia Batres sobre un asunto de notificaciones procesales. Cosas que pasan en cualquier tribunal colegiado. Lo que no pasa en cualquier tribunal es que la autora del proyecto rechazado se levante y acuse a sus compañeros de tenerle “animadversión insana.” Ese fue el diagnóstico de Batres para explicar por qué ocho personas con toga no estuvieron de acuerdo con ella en un tema técnico.
La verdadera trama, sin embargo, no estaba en el proyecto rechazado, sino en un oficio que la ministra había enviado por su cuenta al Órgano de Administración Judicial, pidiéndole a su presidente que no restituyera el seguro de gastos médicos mayores para el personal del Tribunal —más de 300 plazas de mandos medios y superiores—, prestación que se había eliminado el año pasado. Como toda buena novela institucional, esto se enteró el público casi al mismo tiempo que sus propios colegas.
Aquí conviene ser precisos, porque la ironía se cocina sola: el seguro que tanto incomoda a Batres no es para las ministras ni los ministros. La Corte lo excluyó expresamente de la lista de beneficiarios. Es decir, la ministra libra una cruzada austera contra una prestación que, por diseño, jamás le tocaría a ella. Es como boicotear un bufet al que no fuiste invitada, por principio.
Y para que nadie dude de su consistencia, cuando el presupuesto ya había sido votado —ella en contra, por cierto, del paquete completo, que calcula en 17.2% de incremento aunque la propia Corte insiste en que es 12.7%— pidió que se le quitara ese mismo seguro también a las 95 personas que trabajan en su ponencia. Generosidad hacia el erario, austeridad hacia el prójimo.
Días después llegó el refuerzo: el ministro Irving Espinosa se sumó públicamente a la causa, con el argumento de que los servicios privados de salud no deberían financiarse con prestaciones adicionales cuando ya existe el ISSSTE. Un argumento perfectamente defendible en el papel, y perfectamente incómodo cuando se pronuncia después —no antes— de que su colega fuera acusada de recibir “animadversión insana” por decir exactamente lo mismo.
Mientras tanto, la Corte que llegó prometiendo terminar con sueldos y gastos suntuosos —esa fue literalmente la promesa del ministro presidente Hugo Aguilar el día de la instalación del primer Pleno electo por voto popular— pide para 2027 más de seis mil millones de pesos y explica, con tarjeta informativa incluida, que ocho de cada diez pesos adicionales son para sueldos y prestaciones “conforme a la ley.” La reforma judicial iba a acabar con los privilegios. Un año después, el debate no es si hay privilegios, sino quién tiene derecho a rechazarlos en nombre de quién.
Así que no, no hubo ninguna conspiración palaciega contra la ministra Batres. Hubo, en cambio, algo mucho más burocrático y mucho menos cinematográfico: un desacuerdo técnico que se convirtió en ajuste de cuentas, un seguro médico que nadie en el Pleno va a usar personalmente pero que todos están dispuestos a defender o atacar con la energía de una reforma constitucional, y una Corte que sigue sin decidir si su próxima gran batalla será por la justicia o por las prestaciones de ley.
Ambiente laboral: excelente. Prestaciones: en litigio. Bienvenidos a la nueva Corte.
–Oscar Miranda Jheman.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
