En un mismo proceso, tres juzgadores resolvieron sobre una suspensión condicional. La primera pidió una evaluación de riesgo y mantuvo al imputado en prisión. El segundo tomó esa evaluación como impedimento y consideró sospechoso que Ministerio Público, asesoría y defensa coincidieran en una salida legal. El tercero, en etapa intermedia, la autorizó sin mayores dificultades.
El Código no cambió entre audiencias. Pasó el tiempo, llegaron nuevos elementos y se ajustaron condiciones. Pero la salida concedida, reparar el daño, proteger a la víctima y evitar el juicio bajo condiciones, existía desde el principio. Mientras el sistema decidía cómo interpretarse, una persona pasó casi tres meses en prisión.
En mi entrega anterior escribí que no se golpea a la pareja. Ni una vez, ni “despacito”, ni porque después llegue el arrepentimiento. Sostengo cada palabra. Pero tomar en serio la violencia no significa dejar de tomar en serio el debido proceso. Una mujer tiene derecho a recibir protección y un hombre acusado conserva el derecho a que su caso sea analizado con objetividad.
En los conflictos familiares, una versión puede crecer mientras pasa por distintas manos. Un policía aconseja qué decir, una autoridad acomoda las palabras a su formato y un cuestionario acumula respuestas hasta producir una categoría de riesgo que parece definitiva. El problema comienza cuando proteger deja de significar investigar y se convierte en confirmar anticipadamente una conclusión.
Una evaluación de riesgo puede advertir un peligro y justificar restricciones firmes. Lo que no puede hacer es convertirse en un oráculo. No sustituye las pruebas, no declara culpabilidades ni debería operar como veto automático para cualquier solución distinta de la cárcel. Debe ayudar a diseñar protección, no evitar que el juez razone.
La prisión preventiva tampoco puede ser una sala de espera mientras las autoridades se ponen de acuerdo. Es la medida más severa que puede imponerse a quien todavía no ha sido condenado. Debe responder a riesgos concretos y no utilizarse como castigo anticipado ni como respuesta automática al temor de equivocarse.
Que el Ministerio Público, la víctima y la defensa encuentren una salida común no significa que conspiren contra la justicia. Las soluciones alternas existen para construir respuestas legales mediante el diálogo. El fraude requiere engaño; la coincidencia, por sí sola, no lo es. Al juez le corresponde verificar que no haya presiones, que la reparación sea seria y que las condiciones protejan a la víctima. Puede imponer distancia, tratamiento, supervisión y las restricciones necesarias; no sustituir ese análisis por una negativa automática.
El Ministerio Público tampoco es un cuadrilátero para resolver rencores personales. Inventar o exagerar un delito para obtener ventaja en un conflicto familiar, vecinal o patrimonial no solo perjudica a la persona acusada. También roba tiempo y recursos a las víctimas que esperan una investigación verdadera. La justicia no puede convertirse en el servicio de mensajería de nuestras venganzas.
Esta advertencia vale para todos. No se vale inventar una agresión; tampoco minimizar la que ocurrió. No se vale inflar un riesgo; tampoco ignorarlo. La verdad no necesita maquillaje para ser suficientemente importante.
Los problemas necesitan una salida, pero no cualquier salida. Si no conseguimos resolverlos por una buena vía, no por eso se vuelve legítimo hacerlo por las malas; mucho menos mediante una mentira capaz de mandar a alguien a prisión.
Quizá aprendimos mal aquella frase: “si no es por las buenas, será por las malas”. No. Si una buena manera no funciona, habrá que encontrar otra buena. De esa lección, que no termina en los tribunales, hablaré en mi próxima entrega.
Después de la última audiencia podría decir que el sistema finalmente funcionó. Tal vez. Una resolución favorable no convierte al último juez en el bueno. La calidad de una decisión no depende de a quién beneficia, sino de las razones que la sostienen.
No confundo la justicia con quienes la administran. La primera es el ideal que perseguimos; sus operadores podemos equivocarnos. Pero nuestros errores recaen sobre la libertad, el patrimonio, la reputación y la vida de alguien. No podemos exigir confianza sin aceptar responsabilidad.
Criticar al sistema no significa renunciar a la justicia. A veces es la forma más honesta de defenderla.
¿Por qué seguir levantándonos después de ver contradicciones, excesos y decisiones que llegan demasiado tarde?
Porque decido creer.
No ciegamente en cada carpeta o resolución, sino en una justicia capaz de proteger a la víctima sin vulnerar los derechos de quien es acusado.
Creer en la justicia no significa cerrar los ojos ante sus operadores; significa no dejar de vigilarlos.
-Por Rosendo Gómez
