¿Qué esperan las autoridades para actuar contra Pedro Ferriz Hijar?
Hay una línea que no debería cruzarse en una democracia: la que separa la crítica política de la violencia, el debate público del hostigamiento y la libertad de expresión de los ataques dirigidos a desacreditar a una mujer por el simple hecho de participar en política.
El caso de la diputada federal María Teresa Ealy Díaz vuelve a poner esa frontera sobre la mesa.
Desde hace tiempo, Ealy ha señalado públicamente a Pedro Ferriz Hijar por una serie de expresiones y ataques que, de acuerdo con la legisladora, constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. La diputada ha recurrido a las instituciones y ha presentado denuncias para que sean las autoridades las que determinen si existe responsabilidad.
Y aquí está el problema: mientras los señalamientos continúan en el espacio público, la respuesta institucional parece caminar a una velocidad mucho menor.
No se trata de pedir que alguien sea castigado por expresar una opinión incómoda. Tampoco de pretender que un periodista o comunicador pierda su derecho a cuestionar a una legisladora. La crítica política es indispensable.
Lo que debe determinarse es otra cosa: si detrás de esos ataques existe un patrón de violencia basado en el género, si buscan menoscabar el ejercicio del cargo público de una mujer y si se están utilizando expresiones que rebasan los límites de la crítica legítima.
Y eso, precisamente, es lo que corresponde investigar a las autoridades.
El asunto cobra todavía mayor relevancia cuando se recuerda que Ferriz Hijar ya tiene un antecedente en materia de violencia política de género. En 2023, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche determinó que incurrió en violencia política contra una mujer por razón de género dentro del expediente TEEC/PES/6/2023, y ordenó medidas como su inscripción en el registro de personas sancionadas, una disculpa pública y capacitación en la materia.
Ese antecedente no significa, desde luego, que cualquier señalamiento posterior contra él deba darse automáticamente por probado. Cada denuncia requiere su propia investigación y su propia resolución.
Pero tampoco puede ignorarse.
Porque si una persona ya fue sancionada por una autoridad electoral por violencia política de género y posteriormente vuelve a ser señalada por una legisladora por conductas que ella considera de la misma naturaleza, lo mínimo que puede exigirse es que las instituciones investiguen con seriedad, prontitud e independencia.
La pregunta, entonces, resulta inevitable:
¿Qué esperan las autoridades?
¿Esperan que los ataques aumenten?
¿Esperan que la violencia digital escale?
¿Esperan que una legisladora tenga que soportar indefinidamente una campaña de descalificación mientras sus denuncias permanecen en los escritorios institucionales?
No.
Las autoridades no tienen que tomar partido por María Teresa Ealy ni por Pedro Ferriz Hijar. Tienen que tomar partido por la ley.
Si las expresiones denunciadas constituyen violencia política de género, debe procederse conforme a derecho. Si no la constituyen, también debe existir una resolución clara que explique por qué.
Lo verdaderamente preocupante es el limbo.
Porque la ausencia de una resolución no necesariamente significa que una denuncia sea falsa. Pero tampoco puede utilizarse como prueba de culpabilidad. Lo que sí evidencia es la necesidad de que las instituciones hagan su trabajo y expliquen públicamente —dentro de los límites legales— qué han investigado, qué falta por investigar y por qué los procedimientos no han concluido.
En redes sociales, Ferriz Hijar ha continuado confrontando a Ealy. Una revisión de sus perfiles muestra que la disputa permanece activa y que la diputada también ha respondido públicamente a los señalamientos.
Y mientras tanto, hay una cuestión de fondo que no debería perderse entre insultos, videos y publicaciones virales.
Las mujeres que participan en política no tienen por qué pagar un precio adicional por ocupar un espacio de poder.
Un diputado, una diputada, un periodista, un empresario o cualquier ciudadano puede ser cuestionado. La función pública está sometida al escrutinio. Pero cuando la crítica abandona los argumentos y se convierte en una estrategia de descalificación basada en estereotipos, sexualización, humillación o ataques dirigidos específicamente contra una mujer por ser mujer, el Estado tiene la obligación de investigar.
No se trata de proteger a María Teresa Ealy de las críticas.
Se trata de proteger las reglas del juego democrático.
Porque si una mujer que llega al Congreso tiene que enfrentar, además de sus adversarios políticos, campañas de violencia personal que las autoridades tardan años en resolver, el mensaje para las demás mujeres es devastador: entrar a la política significa aceptar que podrán atacarte y que quizá nadie hará nada.
Y ese sería un retroceso enorme.
Por eso, más que preguntarnos qué piensa Pedro Ferriz Hijar de María Teresa Ealy, habría que preguntarle a las instituciones responsables:
¿Qué han hecho con las denuncias?
¿Qué falta para concluir las investigaciones?
¿Quién está dando seguimiento a los expedientes?
¿Cuándo habrá una resolución?
Porque la justicia que tarda demasiado en investigar la violencia política corre el riesgo de convertirse, en los hechos, en una forma de tolerancia.
Y si las autoridades consideran que Ferriz Hijar no incurrió en violencia política de género, que lo digan y que lo fundamenten.
Pero si las pruebas acreditan lo contrario, que procedan.
La democracia no se defiende censurando a los críticos.
Se defiende garantizando que la libertad de expresión no sea utilizada como escudo para ejercer violencia contra las mujeres.
Y esa es una frontera que las instituciones no pueden darse el lujo de seguir dejando en el aire.
