Durante años he pasado con frecuencia frente al inmueble de Perugino 6, en la colonia Extremadura Insurgentes. Era uno de esos lugares que se vuelven parte del paisaje cotidiano: una dirección conocida, una fachada reconocible, un punto más dentro de una geografía personal. Nunca imaginé que estaba pasando frente a una escena del crimen. No porque ahí se hubiera cometido el delito que durante dos décadas se nos contó, sino porque ese domicilio fue utilizado para fabricar uno. Y esa fabricación —que ha destruido la vida de decenas de personas— es, para mí, el verdadero crimen.
Saber que la historia del llamado caso Wallace había ocurrido, o supuestamente había ocurrido, en un lugar que me resultaba tan familiar fue lo que me llevó a leer Fabricación, de Ricardo Raphael. Lo abrí movido por esa inquietud casi doméstica y lo cerré con una mezcla de indignación y vergüenza. Hoy considero que es una lectura fundamental para entender nuestro sistema de justicia: no solamente sus errores, sino la facilidad con la que una acusación puede convertirse en verdad oficial cuando coinciden el poder mediático, la presión política, autoridades dispuestas a obedecer y una sociedad ansiosa por encontrar culpables.
El libro no relata únicamente las anomalías de un expediente. Expone un método. Muestra cómo se construye una historia, cómo se acomodan los tiempos, cómo aparecen pruebas donde antes no las había, cómo la tortura sustituye a la investigación y cómo la repetición pública termina ocupando el lugar de la evidencia. Después de leerlo, Perugino 6 dejó de ser para mí una dirección conocida: se convirtió en el símbolo de un aparato capaz de fabricar culpables y, después, dedicar años enteros a defender su propia mentira.
La señora Isabel Miranda de Wallace siempre me produjo rechazo. Su presencia pública me parecía estrambótica e histriónica, pero durante algún tiempo entendí esa impresión como una reacción personal frente a un personaje mediático. El rechazo adquirió otra dimensión cuando emprendió su cruzada contra personas que denunciaban tortura, entre ellas víctimas del caso Vallarta, algunas representadas por nuestra firma. Ahí ya no se trataba de estilos ni de simpatías: se trataba de una concepción de la justicia en la que la voz de quien acusa merece crédito absoluto y la de quien denuncia abusos del Estado debe ser desacreditada.
Después de leer la investigación de Ricardo Raphael, aquel rechazo se convirtió en repudio. No por una diferencia de carácter, sino por lo que el caso revela: la enorme capacidad de una persona con acceso a medios, autoridades y recursos para imponer una versión; y la cobardía institucional de quienes prefirieron seguir esa versión antes que investigar. Ningún dolor, por profundo que sea, concede licencia para fabricar pruebas. Ninguna causa, por popular que resulte, justifica la tortura. Ninguna campaña mediática puede reemplazar el debido proceso.
Por eso todo cobra aún más sentido ahora que un grupo de abogadas y abogados —amigos y colegas muy queridos— ha asumido la defensa de Brenda Quevedo. En particular, la defensa en la audiencia de cambio de medidas fue llevada por mis amigos Karla Micheel Salas y Alan Piñón. No es solamente la coincidencia entre una lectura, una calle conocida y una causa cercana. Es la confirmación de que los grandes abusos del sistema terminan tocándonos de algún modo: como litigantes, como ciudadanos o como simples transeúntes que durante años pasaron frente al lugar donde se construyó una mentira sin saberlo.
La reciente decisión judicial que permitió a Brenda recuperar su libertad de tránsito, después de casi veinte años sometida primero a prisión y después a un régimen domiciliario, es motivo de alegría. Una alegría enorme, pero necesariamente incompleta. Brenda pasó diecisiete años en distintos reclusorios y otros dos bajo prisión domiciliaria, siempre sin una sentencia que justificara la devastación de su vida. Además, ha denunciado torturas y agresiones brutales. Que hoy pueda salir de su casa no repara lo ocurrido, pero al menos interrumpe una injusticia que se había vuelto obscenamente larga.
Conviene decirlo sin rodeos: el cambio de medida no es una concesión graciosa del Estado. Es apenas el reconocimiento tardío de que ninguna persona puede permanecer indefinidamente privada de la libertad mientras las autoridades intentan sostener un caso que se desmorona. La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, mucho menos una condena de casi dos décadas sin sentencia. Cuando eso ocurre, el proceso deja de ser el camino hacia la justicia y se convierte él mismo en castigo.
El antecedente de Juana Hilda González Lomelí vuelve todavía más difícil justificar la persecución contra Brenda y los demás coacusados. En 2025, la Suprema Corte dejó sin sustento la condena de Juana Hilda y ordenó su libertad inmediata, al reconocer que la acusación descansaba en elementos contaminados por la tortura y que el Estado no había cumplido con su obligación de investigarla. No se trata de un detalle lateral: aquella declaración fue una pieza central para incriminar al resto.
Si la prueba que articulaba la historia se obtuvo bajo tortura y ya fue jurídicamente desechada, la consecuencia no puede limitarse a una sola persona. Esa decisión debería irradiar a los procesos de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle y los demás involucrados. En un sistema mínimamente coherente, lo resuelto en el caso de Juana Hilda tendría que bastar para revisar de inmediato las otras acusaciones y, cuando comparten el mismo origen viciado, absolver. La justicia no puede reconocer que una columna del edificio es falsa y, al mismo tiempo, fingir que el resto permanece en pie.
A Brenda le devolvieron una parte de su libertad, pero todavía no le han devuelto la justicia. Falta una resolución de fondo. Falta reconocer plenamente el daño. Falta investigar y sancionar a quienes torturaron, fabricaron pruebas, toleraron irregularidades y prolongaron durante años una privación de la libertad sin sentencia. Falta también que las instituciones aprendan algo de este expediente, aunque nuestra historia enseña que suelen ser más hábiles para protegerse que para corregirse.
Veinte años después, Perugino 6 sigue ahí. Lo que cambió fue mi manera de mirarlo. Ya no veo solamente un inmueble familiar ni el escenario que una versión oficial convirtió en el centro de un secuestro y un homicidio. Veo el lugar donde se montó una ficción con consecuencias reales: cuerpos torturados, familias destruidas, juventudes consumidas en prisión y autoridades empeñadas en sostener lo insostenible.
La libertad de Brenda Quevedo es una buena noticia. También es una acusación contra todos los que hicieron posible que tardara tanto. Celebrarla exige no olvidar que llegó después de casi dos décadas y que todavía es cautelar, no definitiva. La verdadera reparación comenzará el día en que Brenda y los demás puedan escuchar, de boca de un tribunal, que el Estado no tenía derecho a arrebatarles la vida para salvar un expediente. Hasta entonces, el crimen de Perugino 6 seguirá ocurriendo frente a nosotros.
