Para Fátima y Mauricio, gracias por la confianza
La familia llevó hasta Washington una solicitud de protección ante la CIDH. Los 2,900 kilómetros desde Chihuahua son apenas una fracción del camino que aún les espera.
Entre la ciudad de Chihuahua y Washington, D. C., −sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos−, hay cerca de 2,900 kilómetros en línea recta. Es una distancia considerable, pero resulta corta frente al camino que José Pedro López Elías y su familia han recorrido en busca de algo elemental: que se les permita defenderse.
El trayecto no comenzó en un aeropuerto ni terminó con la entrega de un documento en Washington. Comenzó en Chihuahua y se remonta al refinanciamiento de la deuda pública estatal realizado en 2019. El despacho López Elías Finanzas Públicas, encabezado por José Pedro, dirigió aquel proceso. Participaron un fiduciario, diecisiete bancos y tres agencias calificadoras; se celebraron ochenta y un actos jurídicos y cinco licitaciones públicas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público intervino porque estaban comprometidas participaciones federales.
En 2021, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua revisó treinta y tres contratos, incluido el del despacho, y no determinó observaciones. La Auditoría Superior de la Federación también examinó las participaciones federales y el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera. Tampoco encontró irregularidades en el refinanciamiento.
Pero en diciembre de 2022 apareció una auditoría forense que volvió sobre la operación de 2019 y concentró su atención en un solo prestador de servicios: el despacho de José Pedro. Un mes después, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia por peculado agravado contra él y contra dos exfuncionarios: Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda, y Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua. La acusación sostiene que el despacho cobró sin realizar el trabajo. Los documentos, las licitaciones, los bancos participantes y las revisiones anteriores cuentan otra historia.
José Pedro intentó entregar la información que acredita los servicios prestados. Solicitó audiencias ante la Auditoría Superior y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua; acudió al Congreso local, presentó oficios y promovió amparos. Una y otra vez le cerraron la puerta. El problema nunca fue la falta de pruebas. Fue la negativa de las autoridades a recibirlas y confrontarlas con su propia acusación.
Después vino la presión. En noviembre de 2024, un agente de la Fiscalía Anticorrupción se acercó a sus entonces abogados y ofreció un criterio de oportunidad si José Pedro aceptaba convertirse en testigo protegido y declarar contra Javier Corral. La propuesta implicaba admitir un delito que no cometió y atribuírselo a otra persona. Se negó.
El 3 de enero de 2025, un agente entregó a una de sus abogadas dos sobres amarillos. Uno contenía una declaración preparada a nombre de José Pedro; el otro, varias hojas en blanco. La exigencia era firmarlas en un plazo de 48 horas. Si no lo hacía, se ejecutaría una orden de aprehensión. José Pedro volvió a negarse. Días después se libró la orden.
Desde entonces tuvo que abandonar su domicilio y vivir desplazado. Tiene 66 años y ha atravesado dos procesos oncológicos que exigen vigilancia médica, continuidad terapéutica y condiciones estables de atención. En abril de 2025 pidió comparecer por videoconferencia para presentar las pruebas de su defensa. El juez local rechazó la solicitud pese a su edad y a los informes médicos.
En mayo de 2025 fueron congeladas las cuentas bancarias del despacho, la cuenta personal en la que José Pedro recibía su pensión del IMSS y las cuentas de su esposa y sus tres hijos. La orden establecía noventa días, pero el bloqueo se prolongó durante casi un año. No fue solamente una medida contra un imputado: fue una forma de asfixiar económicamente a toda la familia mientras debía pagar tratamientos, resguardo y defensa jurídica.
En septiembre, agentes de Chihuahua colocaron sellos en dos inmuebles de Tepoztlán vinculados con José Pedro. Uno forma parte del Centro Cultural Pedro López Elías, que alberga una biblioteca pública integrada a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Sobre el complejo volaron drones y las imágenes fueron difundidas como si mostraran la finca de lujo de un delincuente. En el amparo se descubrió que solamente se había solicitado la anotación registral respecto de uno de los inmuebles. El otro sirvió para la fotografía y el espectáculo. Un juez ordenó retirar los sellos; la autoridad los quitó meses después, ya sin cámaras.
El hostigamiento dejó entonces los expedientes y se instaló en la vida cotidiana. En octubre de 2025, un automóvil sin placas permaneció afuera de la casa de Fátima, hija de José Pedro. Un hombre y una mujer la fotografiaban y la seguían incluso cuando iba al mercado. Los teléfonos de Fátima y de su hermano Mauricio comenzaron a recibir entre veinte y treinta llamadas diarias desde números desconocidos. Cuando contestaban, solo escuchaban la respiración de alguien al otro lado de la línea.
El teléfono de Fátima empezó a abrir y cerrar aplicaciones sin que ella tocara la pantalla. WhatsApp dejó de funcionar correctamente y ya no podía compartir contactos. Entre enero y abril de 2026 se documentaron decenas de intentos de acceso a su Apple ID, Instagram, Facebook y correo electrónico. En junio, una revisión de su computadora registró más de veintitrés mil intentos de rastreo en una sola semana.
La persecución llegó todavía más lejos. Un dron voló a baja altura sobre la guardería de Lionel, nieto de José Pedro, de apenas dos años. Desde ahí podían observarse los rostros de los bebés y de las niñas y niños que se encontraban en el jardín. El personal de la guardería reportó el hecho y agentes de la Ciudad de México confirmaron que el aparato había sido llevado y operado por personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua al amparo de un convenio de colaboración.
Cuando una investigación alcanza la guardería de un niño de dos años, ya no basta con hablar de expedientes, audiencias o actuaciones ministeriales. Hay que hablar del miedo instalado en una casa; de una familia que mira hacia atrás antes de salir; de teléfonos que dejaron de sentirse privados; de abuelos, hijos y nietos obligados a esconderse para no ser utilizados como instrumentos de presión.
Mientras esto ocurría, la justicia federal comenzó a quitarle sustento al control que las autoridades de Chihuahua pretendían mantener sobre el caso. En octubre y noviembre de 2025, dos resoluciones señalaron que la causa correspondía a la jurisdicción federal por involucrar participaciones federales. En enero de 2026, un tribunal colegiado confirmó por unanimidad esa competencia y ordenó entregar las carpetas a la Fiscalía General de la República y al juez federal.
La orden tampoco fue cumplida de manera completa. Después de dilaciones, multas y un intento de recusar al juez federal, la Fiscalía Anticorrupción entregó solamente la carpeta relativa a Javier Corral, pero retuvo las correspondientes a José Pedro y Arturo Fuentes Vélez. Así fragmentó una investigación construida alrededor de un mismo hecho y mantuvo abierta la posibilidad de actuar desde Chihuahua contra quienes ya debían estar bajo jurisdicción federal.
La presión volvió a hacerse explícita el 28 de mayo de 2026. El mismo día en que José Pedro nombró a un nuevo defensor, un agente de la Fiscalía Anticorrupción lo contactó para decirle que todo podía terminar en cinco minutos si aceptaba declarar contra Javier Corral. También advirtió que, si se negaba, irían contra sus hijos e incluso contra otros familiares que formaban parte de su red de apoyo.
Pocos días después, agentes armados de Chihuahua llegaron a la Ciudad de México con apoyo de autoridades locales. La defensa recibió una advertencia: si no encontraban a José Pedro, tenían la orden de llevarse a quien fuera de su familia a Chihuahua. Sus hijos, sus nueras y sus nietos tuvieron que abandonar sus casas en pequeños grupos, cargando a sus bebés, y buscar lugares seguros. El acoso ya no perseguía solamente una declaración. Buscaba quebrar a una familia.
Dentro de este proceso, José Pedro López Elías no ha contado con condiciones para ejercer una defensa efectiva. No pide a una instancia internacional que lo declare inocente ni que sustituya a los tribunales mexicanos. Reclama que pueda presentar sus pruebas y defenderse sin que su salud, su integridad y la seguridad de sus familiares queden expuestas a un daño irreparable.
Por eso sus hijos, María de Fátima López Carrasco y Mauricio de Jesús López Carrasco, acompañados por su representación legal, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentaron una solicitud de medidas cautelares para proteger la vida, la salud, la integridad personal y la seguridad de José Pedro y de su núcleo familiar.
Las medidas cautelares de la CIDH son un mecanismo preventivo. No resuelven el fondo de un proceso penal ni reemplazan a los jueces nacionales. Su propósito es pedir a un Estado que proteja a una o más personas cuando existe una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable.
La petición solicita garantizar la continuidad de la atención médica de José Pedro; establecer salvaguardas frente a una eventual detención o traslado; detener la vigilancia, la intimidación y las represalias; proteger las comunicaciones y los datos personales de la familia, y adoptar medidas específicas para las niñas y los niños afectados.
Cruzar 2,900 kilómetros puede tomar unas horas. Llegar hasta Washington después de siete años de auditorías contradictorias, puertas cerradas, cuentas congeladas, propiedades exhibidas, amenazas, drones, llamadas e intentos de hackeo ha tomado mucho más.
Apenas el 17 de agosto, la familia de José Pedro López Elías llegó a Washington para poner su solicitud en manos de la CIDH. Fue un paso importante, pero solamente el primero. Porque si el camino recorrido desde Chihuahua ha sido dolorosamente largo, el que ahora comienza ante la Comisión Interamericana también puede serlo. Y mientras la CIDH estudia el caso, la urgencia no se suspende, la enfermedad no espera y un niño de dos años no debería crecer bajo la sombra de una persecución.
-Mtro. Héctor A. Pérez Rivera
