Cada vez que hablamos de seguridad en la Ciudad de México aparece la misma discusión. Cuántos policías faltan, cuántas patrullas necesitamos y cuántas cámaras nuevas debe comprar el Gobierno.
Pero hay una pregunta que casi nunca hacemos: ¿qué estamos haciendo con las cámaras que ya existen?
El Gobierno capitalino opera alrededor de 113 mil cámaras de videovigilancia. Es una infraestructura importante y sería absurdo negarlo. El problema es que afuera de esa red existe otra muchísimo mayor que fue pagada por los propios ciudadanos.
Estimaciones del sector de la videovigilancia calculan que en la Ciudad de México podrían existir entre 600 mil y 900 mil cámaras privadas. Están en casas, edificios, condominios, pequeños negocios, oficinas y establecimientos comerciales.
No todas apuntan hacia la calle. No todas tienen la tecnología necesaria. Tampoco todos sus propietarios querrán compartirlas. Y está bien que así sea.
Pero hagamos un ejercicio sencillo.
Si apenas una de cada diez cámaras privadas pudiera integrarse voluntariamente al C5, estaríamos hablando de decenas de miles de puntos adicionales de observación sin que el Gobierno tuviera que instalar una sola cámara nueva.
Lo paradójico es que el mecanismo para hacerlo ya existe. El Gobierno de la Ciudad ha anunciado la posibilidad de conectar cámaras privadas al C5 e incluso existen experiencias con establecimientos comerciales. Entonces el problema ya no es inventar un programa. El problema es conseguir que funcione a una escala mucho mayor.
¿Cuántos vecinos saben que pueden participar? ¿Cuántos conocen los requisitos técnicos? ¿Dónde se registra una cámara? ¿Qué imágenes puede consultar la autoridad? ¿Quién las resguarda? ¿Cómo se protege la privacidad? ¿Cómo puede retirarse posteriormente el consentimiento? Si queremos participación ciudadana, esas preguntas necesitan respuestas sencillas.
Por eso presenté en el Congreso de la Ciudad de México un punto de acuerdo para pedir al Gobierno capitalino que fortalezca y amplíe la difusión de este mecanismo y publique claramente sus reglas.
La propuesta es voluntaria. Nadie debe estar obligado a conectar una cámara instalada en su propiedad y mucho menos permitir acceso gubernamental sin conocer previamente las condiciones.
También debemos evitar otro error. Incorporar cámaras particulares al C5 no significa trasladar la seguridad pública a los vecinos. Prevenir, investigar y combatir los delitos sigue siendo responsabilidad del Estado.
La participación ciudadana es un complemento, no un sustituto.
Pero tampoco tiene sentido ignorar una infraestructura que ya está instalada y que todos los días registra lo que sucede en miles de calles de la Ciudad.
Cuando ocurre un robo, un homicidio o un accidente, una de las primeras tareas de investigación consiste precisamente en buscar cámaras cercanas. Policías y fiscalías recorren negocios y viviendas preguntando quién tiene un video que pueda servir.
La tecnología ya está ahí. Lo que falta es conectarla mediante un modelo ordenado, voluntario y con reglas claras.
Además, necesitamos conocer los resultados. Si el Gobierno ya puso en marcha esta estrategia, debe informar cuántas cámaras privadas están conectadas actualmente al C5, dónde están y qué resultados han generado.
No se trata de llenar la Ciudad de cámaras ni de construir un sistema de vigilancia sin límites. Se trata de utilizar mejor los recursos públicos y privados que ya tenemos.
Antes de gastar millones en instalar el siguiente poste, vale la pena voltear a ver las miles de cámaras que los ciudadanos ya pagaron.
A veces mejorar una política pública no significa crear algo nuevo.
Significa hacer funcionar lo que ya existe.
