En Oleanna, la provocadora obra de David Mamet, un profesor y una alumna discuten, entre muchas otras cosas, sobre el valor de la educación universitaria. La conversación pronto se convierte en una disputa por el poder: quién puede hablar, quién establece las reglas, quién califica a quién y qué significa, en realidad, merecer un lugar dentro de una institución educativa.
Mamet no ofrece respuestas cómodas. Nos obliga a preguntarnos si la universidad es un espacio de conocimiento y transformación o una maquinaria que otorga credenciales; si educa o solamente selecciona; si reconoce capacidades o reproduce privilegios. Esas preguntas resultan especialmente pertinentes ante la crisis provocada por las irregularidades en el examen de admisión a la UNAM.
En 2026, por primera vez, la Universidad aplicó completamente en línea su concurso de ingreso a licenciatura. Durante el proceso bloqueó y anuló exámenes por conductas irregulares y denunció penalmente prácticas fraudulentas. Después, los resultados revelaron variaciones tan extraordinarias que la institución decidió convocar a decenas de miles de aspirantes a una nueva evaluación presencial.
Las consecuencias han sido dolorosas. Quienes hicieron trampa lastimaron a la Universidad y, sobre todo, a las y los jóvenes que estudiaron durante meses y presentaron honestamente el examen. En un proceso donde un solo acierto puede determinar el ingreso, obtener una ventaja ilegítima significa posiblemente arrebatarle el lugar a otra persona.
Las trampas son indefendibles. No son una travesura juvenil ni una forma de rebelión frente a un sistema injusto. Constituyen un fraude contra la comunidad universitaria. Pero reprobarlas no debe impedirnos reconocer otra cosa: la crisis también puso al descubierto el agotamiento del modelo de evaluación.
En mi familia le debemos mucho a la UNAM. Mis padres y yo somos egresados de ella. Ingresamos a través de su sistema de educación media superior; mis hermanos, en cambio, sí presentaron el examen de admisión. Conocemos, por tanto, las dos puertas de entrada y sabemos lo que significa pertenecer a la Máxima Casa de Estudios.
Precisamente porque creemos en la Universidad, pensamos que este momento no debe resolverse solamente con mejores programas de vigilancia, cámaras más intrusivas o algoritmos más severos. Regresar sin más al examen presencial quizá resuelva la emergencia inmediata, pero dejaría intacta la pregunta de fondo: ¿qué estamos evaluando cuando seleccionamos a quienes estudiarán en la UNAM?
Un examen de opción múltiple mide determinadas habilidades: conocimientos acumulados, comprensión de instrucciones, rapidez y capacidad para responder bajo presión. También suele premiar el entrenamiento específico para resolverlo. Todo ello puede ser útil, pero difícilmente permite conocer por completo la disposición de una persona para aprender, investigar, colaborar, argumentar, enfrentar la frustración o adaptarse a las exigencias de una universidad pública.
La Universidad no recibe productos terminados. Recibe jóvenes para formarles.
Por eso, el propósito de la admisión no debería ser solamente identificar quién memorizó más respuestas, sino quién cuenta con las bases necesarias y con el potencial para desenvolverse en el modelo educativo universitario. Esto no significa sustituir el conocimiento por apreciaciones subjetivas. Significa dejar de fingir que 120 reactivos pueden resumir la capacidad, la trayectoria y las posibilidades de una persona.
Podríamos comenzar a discutir un sistema nacional de evaluación al finalizar el bachillerato, comparable —aunque no idéntico— a los exámenes estandarizados utilizados en Estados Unidos. Sus resultados ofrecerían a las instituciones un referente académico común, mientras cada universidad conservaría la facultad de establecer criterios adicionales relacionados con su proyecto educativo.
La comparación debe hacerse con cuidado. En Estados Unidos no existe un único examen universal ni todas las instituciones aplican el mismo procedimiento. Muchas consideran, además del SAT o el ACT —y algunas ni siquiera los exigen—, las calificaciones de bachillerato, las actividades realizadas, los ensayos personales, las recomendaciones y, en ciertos casos, las entrevistas.
¿Sería viable adoptar algo semejante en la UNAM?
La idea es atractiva porque permitiría una evaluación más completa. Un ensayo supervisado podría mostrar la capacidad de construir un argumento; una hoja de vida contextualizada permitiría reconocer trabajo, responsabilidades familiares, actividades comunitarias o proyectos personales; una entrevista estructurada ayudaría a conocer las motivaciones y la forma en que la persona enfrenta problemas.
Sin embargo, tampoco debemos idealizar ese modelo. Los ensayos pueden ser escritos por terceros o, ahora, por sistemas de inteligencia artificial. Las entrevistas abren espacios a prejuicios y arbitrariedades. Las actividades extracurriculares suelen favorecer a quienes tuvieron tiempo, dinero y oportunidades para realizarlas. Y revisar individualmente los expedientes de cerca de 200 mil aspirantes exigiría una enorme cantidad de personas, recursos y mecanismos de transparencia.
El remedio podría terminar siendo más desigual que el examen.
La alternativa, por tanto, no consiste en copiar mecánicamente el sistema estadounidense, sino en construir un modelo propio. La UNAM podría ensayar una evaluación por etapas: un instrumento académico común; ejercicios supervisados de lectura, escritura y resolución de problemas; una valoración contextual de la trayectoria escolar, y entrevistas estructuradas solamente cuando las características de una carrera lo justifiquen. También podrían desarrollarse cursos propedéuticos que permitan demostrar, mediante el trabajo sostenido, la capacidad de adaptación al aprendizaje universitario.
Cualquier reforma tendría que cumplir condiciones indispensables: ser pública, auditable, accesible para las personas con discapacidad, sensible a las desigualdades regionales y socioeconómicas, y suficientemente objetiva para impedir que una recomendación, un apellido o la capacidad de pagar asesoría privada decidan el ingreso.
Oleanna nos recuerda que la educación nunca es ajena al poder. El profesor tiene el poder de calificar; la institución, el de decidir quién pertenece; la alumna, el de cuestionar las reglas y el lenguaje mediante el cual ese poder se justifica. El problema comienza cuando confundimos autoridad con infalibilidad.
La UNAM debe sancionar las trampas, proteger a quienes actuaron honestamente y esclarecer las responsabilidades tecnológicas y administrativas de lo ocurrido. Pero también debe atreverse a revisar sus propias certezas.
Defender a la Universidad no significa declarar intocable cada uno de sus procedimientos. Significa exigirle que esté a la altura de su historia.
Tal vez la pregunta ya no sea solamente cómo impedir que alguien engañe al examen, sino si el examen todavía nos permite reconocer a quienes pueden aprovechar y enriquecer una educación universitaria. Las trampas merecen una condena inequívoca. El modelo de admisión merece una discusión igualmente seria
