Durante el actual proyecto político de la llamada Cuarta Transformación, el discurso oficial no se ha cansado de prometer un sistema de salud pública a la altura de las potencias europeas, como Dinamarca. Sin embargo, la brecha entre la retórica del micrófono y la cruda realidad que viven diariamente los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se ha vuelto un abismo insostenible. Lejos de la excelencia prometida, el deterioro institucional se ha agravado a niveles alarmantes, convirtiendo la atención médica en un calvario burocrático y humano.
Un ejemplo emblemático de esta simulación se observa en la atención a las personas que viven con VIH en la Ciudad de México. Si bien la creación de la Clínica de Especialidades «San Fernando» se anunció con bombo y platillo como un avance significativo, la realidad en la red hospitalaria de segundo y tercer nivel desmiente cualquier presunción de triunfo. En los hospitales de especialidades del propio instituto persisten el rezago, la falta de insumos y un alarmante prejuicio hacia los pacientes que vivimos con VIH. Resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, el ISSSTE continúe prestando servicios que ignoran abiertamente la Guía de Manejo Antirretroviral para personas con VIH vigente, emitida por el CENSIDA. La falta de apego a estos protocolos actualizados pone en riesgo directo la calidad de vida y la salud de cientos de derechohabientes viviendo con VIH.
Lo más indignante de este panorama de carencias y prejuicios es su asimetría fiscal. Mientras el servicio médico se desmorona y los tratamientos de especialidad se postergan, la institución jamás falla en descontar de forma puntual y rigurosa las cuotas correspondientes en las quincenas de todos los trabajadores al servicio del Estado. El trabajador cumple de manera obligatoria y puntual con su aportación financiera; el Estado, en cambio, responde con negligencia, infraestructura deficiente y desabasto.
Frente a esta crisis de gestión, la cabeza del instituto parece tener prioridades muy distintas. Su actual director general, Martí Batres Guadarrama, lejos de concentrar sus esfuerzos en corregir el rumbo de la atención médica y modernizar las instalaciones conforme a los estándares sanitarios nacionales e internacionales, ha convertido al ISSSTE en una plataforma de autoescenificación. Batres destina tiempo y recursos a la publicidad descarada de su imagen pública, con la evidente intención de posicionarse estratégicamente para su siguiente cargo político. Esta práctica evidencia un patrón familiar en la función pública, donde el mérito cede su lugar al nepotismo y a la colocación de perfiles afines en puestos de poder, teniendo como claro exponente a su hermana, Lenia Batres Guadarrama, cuya cuestionada gestión e ignorancia técnica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han dejado al descubierto las costuras del amiguismo partidista.
El caso de Martí Batres no es aislado dentro de la estructura ISSSTE. En una tónica similar opera Dunia Ludlow Deloya, actual directora general de SUPERISSSTE. En lugar de abocarse de tiempo completo a rescatar y volver eficientes las tiendas a su cargo —mismas que arrastran problemas operativos y financieros históricos—, Ludlow invierte de forma notable su jornada en redes sociales. Ahí se dedica a polemizar sobre la política local de la alcaldía Cuauhtémoc y a engancharse en ataques contra personas que la cuestionan sobre su actuar, omitiendo de manera sistemática hablar sobre las severas deficiencias de la dependencia gubernamental de la cual cobra puntualmente un sueldo pagado por las cuotas que se les retienen obligatoriamente a los trabjadores del Estado.
El servicio público debiera ser, por definición, una vocación de entrega, propuesta y solución a los problemas reales de la ciudadanía, no una caja chica para el enriquecimiento personal ni una plataforma de autopromoción electoral. Funcionarios como los hermanos Batres o Dunia Ludlow representan la figura más acabada del «chapulín político»: personajes que van de cargo en cargo utilizando las instituciones como trampolines personales, mientras la población a la que deberían servir padece las consecuencias de una burocracia ineficiente y desinteresada. Si el ISSSTE pretende recuperar su dignidad, requerirá de directivos comprometidos con la salud pública, no de aspirantes a candidatos haciendo campaña con los recursos de los trabajadores.
