Entre la paranoia partidista y la parálisis legislativa: la diversidad no es bandera de nadie
Hace unos días me llegó la invitación formal a participar como ponente en el Sexto Encuentro Anual de la Coalición LGBTTTIQ+. La convocatoria, que en papel prometía ser un espacio de articulación, estrategia y balance de derechos, rápidamente dejó al descubierto el clima político que domina a buena parte del activismo regional: un profundo, casi paralizante, temor al avance de la derecha en Latinoamérica.
En las diversas ponencias del encuentro, la preocupación era persistente. Se habla con vehemencia de las olas conservadoras que recorren el continente, del riesgo de retrocesos en las libertades conquistadas y de la necesidad imperiosa de «cerrar filas». Sin embargo, esta narrativa contiene un punto ciego preocupante: la peligrosa premisa de que la izquierda es, por definición, el refugio natural e incondicional de las disidencias sexuales.
Si hacemos un ejercicio de memoria histórica sin prejuicios ideológicos, el saldo real de la izquierda latinoamericana con las poblaciones LGBTTTIQ+ dista mucho de ser impecable. Salvo honrosas excepciones, los avances en la región rara vez han sido concesiones de gobiernos progresistas por pura convicción dogmática; han sido, en cambio, el resultado de décadas de litigio estratégico, presión en las calles y fallos de tribunales constitucionales que obligaron a los poderes ejecutivos y legislativos a actuar. Cuando la izquierda ha gobernado, frecuentemente ha pospuesto la agenda de la diversidad en función de cálculos electorales, alianzas con sectores religiosos o una visión añeja que subordina las libertades individuales a la retórica de clase.
El caso de México es quizás el ejemplo más tajante de esta contradicción. Durante años se nos vendió la idea de que la llegada de la izquierda al poder traduciría el discurso en leyes federales robustas. Hoy, con una mayoría holgada —y por momentos calificada— en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la deuda legislativa con la diversidad sexual sigue prácticamente intacta a nivel nacional.
Las iniciativas clave para blindar los derechos trans, garantizar la salud integral, tipificar de manera uniforme los crímenes de odio o adecuar los marcos federales para evitar la discriminación sistémica se acumulan en las congeladoras legislativas. Mientras tanto, el partido en el poder no duda en convocar a la comunidad en época de elecciones, exhibir cuotas arcoíris para cumplir con mandatos del tribunal electoral o instrumentalizar la agenda LGBTTTIQ+ para presentarse como el único baluarte frente al «conservadurismo». Nos usan como escudo retórico para defender al proyecto político de turno, pero cuando se trata de usar el poder real para legislar, la voluntad política simplemente se evapora.
Preocuparse por el avance del conservadurismo en la región es legítimo y necesario. Pero permitir que esa preocupación se convierta en un cheque en blanco para el oficialismo es una trampa. El activismo no puede ser el brazo propagandístico de ningún partido político. El otorgamiento de derechos civiles a las poblaciones vulnerables y de la diversidad a nivel federal en México no es una gracia gubernamental que deba aplaudirse, sino un deber constitucional del Estado. Si la coalición pretende que su sexto encuentro sea verdaderamente transformador, deberá dejar de hacer del temor a la derecha un espanta pájaros del momento. En su lugar, debe ser un foro legítimo para exigir el rendimiento de cuentas y resultados reales a la izquierda que hoy gobierna.
