A tres décadas de la entrada en vigor del tratado de libre comercio con América del Norte, México ha confirmado su formidable capacidad exportadora. Incluso frente a aranceles y restricciones, el país ha logrado desplazar a China como el principal proveedor de Estados Unidos, participando de manera más activa en la manufactura regional. En este tiempo, los beneficios han sido innegables: México dejó de ser una economía dependiente de materias primas y monoexportadora para convertirse en una potencia manufacturera con bases aparentemente sólidas.
Sin embargo, tras esta historia de éxito subyace una vulnerabilidad estructural: México exporta enormes volúmenes, pero no genera valor agregado. El país no aprovechó las ventajas de tener acceso al mercado más grande del mundo para desarrollar proveedores nacionales competitivos. Tampoco desplegó una política industrial que consolidara cadenas productivas integradas. El problema actual no es la posible terminación del tratado, sino el desafío de operar bajo una nueva realidad comercial, donde las cartas fuertes ya no pueden ser la simple vecindad geográfica, el modelo maquilador de bajo costo o el amparo de las reglas internacionales del comercio.
El balance de estos años es profundamente desigual. Ganaron las armadoras automotrices, los proveedores transnacionales de autopartes, los operadores logísticos y las grandes manufactureras del norte y el Bajío, que capturaron la inversión asociada al nearshoring. Perdieron las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mexicanas, que quedaron excluidas de las cadenas de valor regionales. Esta exclusión no es casualidad; es el resultado directo de décadas de ausencia de una política industrial de Estado. Sin política industrial no hay proveedores nacionales, y sin proveedores nacionales, el contenido mexicano en nuestras exportaciones sigue siendo estructuralmente bajo. El T-MEC amplificó las ventajas donde ya existían, pero México no lo usó para cerrar las brechas de nuestra cadena de suministro.
La infraestructura se convirtió en otro cuello de botella que el discurso triunfalista del nearshoring prefirió ignorar. La capacidad energética, hídrica y de espacio industrial en el norte del país se agotó, restringiendo el alcance de la relocalización productiva. México ofreció el terreno físico, pero no los servicios, la certidumbre regulatoria ni los recursos que la inversión necesitaba para arraigarse y, sobre todo, para evolucionar.
Mientras tanto, la perspectiva desde Washington ha mutado. El déficit comercial con México dejó de verse como una cuestión de libre comercio beneficioso para convertirse en un problema de seguridad económica. Según datos del U.S. Census Bureau, el déficit de Estados Unidos con México creció de manera ininterrumpida entre 2020 y 2025, manteniéndose por encima de los 60 mil millones de dólares en los primeros meses de 2026. A esto se sumó la percepción de que México servía como vía de triangulación para insumos chinos. Para Washington, el libre comercio, tal como operaba, comprometía su base industrial y su autonomía productiva.
La respuesta estadounidense fue contundente: convertir la relación bilateral en un esquema de comercio administrado. Mediante legislación interna, Washington endureció reglas de origen, revisó el origen de las inversiones, limitó el contenido chino en componentes y aplicó aranceles elevados. Los flujos de capital confirman esta reorientación: la inversión directa de Estados Unidos en México creció casi 50% entre 2019 y 2024, mientras que la de China se estancó. Estados Unidos no abandonó el T-MEC, pero lo reinterpretó bajo una doctrina donde la seguridad económica desplaza al libre comercio y exige que México sustituya a China no solo en ensamblaje, sino en integración profunda.
Es aquí donde la ausencia de una política industrial centrada en la creación de valor agregado se convierte en una vulnerabilidad nacional. Responder a la presión de Washington para elevar el contenido regional frente a las importaciones asiáticas requiere algo que México no tiene: un tejido productivo local. Producir los componentes que hoy importamos exige inversión con retornos confiables, un entorno funcional y proveedores que no existen porque nadie los desarrolló.
Crear valor agregado significa dejar de ser el eslabón final de una cadena global donde solo aportamos mano de obra barata y espacio físico. Significa desarrollar la ingeniería nacional, incentivar la investigación y desarrollo dentro de México, y financiar a las PyMEs para que escalen y provean a las grandes transnacionales. Si México solo ensambla piezas extranjeras, el derrame económico es mínimo: el valor queda en el país de origen del insumo. Si México fabrica esas piezas, diseña partes del proceso y patenta tecnología, el valor agregado se queda en el territorio nacional, generando empleos de mayor calidad, mejorando los salarios y fortaleciendo el mercado interno.
México requiere una profunda introspección. Debe decidir construir una política industrial cuyo objetivo supremo sea la integración de cadenas productivas sólidas, orientadas tanto a la exportación como al fortalecimiento del consumo interno. Esto implica subordinar la atracción de inversión extranjera a objetivos de contenido nacional, vincular a las universidades con el sector productivo y garantizar que la infraestructura energética y logística esté al servicio de la industria mexicana, no solo de la extranjera.
La ventana de oportunidad sigue abierta, pero -como tantas veces ha pasado antes- la sensación es la de que el tren se va. La próxima década definirá el rumbo del país: o México da el salto hacia una economía industrial integrada, con poder de negociación y creación de valor agregado propio, o permanecerá atrapado en su histórica condición de plataforma de ensamblaje, dependiente y subordinada a las decisiones que se toman en las juntas de accionistas en el extranjero.
