Durante años, el delito de despojo en la Ciudad de México fue visto como un problema aislado. Hoy, las investigaciones y las denuncias de cientos de víctimas han dejado claro que se trata de una red que operó durante más de una década y que difícilmente pudo funcionar sin la participación de distintos actores.
La pregunta que comienza a tomar fuerza es inevitable: ¿también se investigará a los notarios presuntamente involucrados?
En los pasillos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se comenta desde hace tiempo que en diversas carpetas de investigación existen documentos, escrituras y firmas que apuntan hacia algunas notarías. Sin embargo, hasta ahora no se conoce de algún notario procesado penalmente por su posible participación en esta trama que permitió el cambio de propietarios y la legalización de operaciones hoy bajo sospecha.
Resulta difícil creer que una red de despojos de tal magnitud pudiera consolidarse sin la intervención de quienes dan fe pública a los actos jurídicos. Si existen elementos en las investigaciones, la expectativa ciudadana es sencilla: que las indagatorias lleguen hasta donde tengan que llegar, sin importar el cargo o el prestigio de los involucrados.
El tema también tiene una inevitable lectura política. No es un secreto que el gremio notarial ha mantenido una relación cercana con distintos gobiernos, particularmente con personajes vinculados a la llamada Cuarta Transformación. Ahí aparece el nombre de , empresario que ha sido señalado públicamente por su cercanía con integrantes del movimiento, lo que alimenta el debate sobre si realmente existirá voluntad para investigar a todos los actores relacionados con estas redes.
Desde luego, cercanía política no equivale a responsabilidad penal. Pero tampoco puede convertirse en un escudo frente a investigaciones que la sociedad exige.
La Fiscalía a cargo de Bertha Alcalde Luján tiene hoy una oportunidad para demostrar que el combate al despojo no se limitará a detener gestores, falsos propietarios o intermediarios. Si las pruebas conducen a notarías, la ley tendría que aplicarse con el mismo rigor.
Porque mientras no aparezca un solo notario respondiendo ante la justicia, seguirá vigente la percepción de que en el combate al despojo todavía hay intocables. Y esa es una deuda que la autoridad no puede permitirse mantener.
