Hay momentos en la vida en los que la medicina enfrenta sus propios límites. Existen enfermedades que pueden ser atendidas, controladas o acompañadas, pero que, con el conocimiento disponible, no tienen posibilidad de curación. Cuando además provocan sufrimientos profundos, aparece una pregunta que durante mucho tiempo hemos preferido mantener fuera de la conversación pública: ¿hasta dónde debe llegar la decisión de una persona sobre el final de su propia vida?
No es una pregunta sencilla. Tampoco admite respuestas fáciles.
Precisamente por eso considero necesario que el Congreso de la Unión abra una discusión seria sobre la regulación y eventual despenalización de la eutanasia. Desde el Congreso de la Ciudad de México presenté un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados a analizar y dictaminar las iniciativas que actualmente tienen turnadas en esta materia.
La propuesta que presenté tiene un objetivo concreto: que el Poder Legislativo federal estudie las iniciativas pendientes y permita que el Pleno tome, en su momento, una decisión informada. El exhorto no pretende anticipar el sentido de los dictámenes ni imponer una postura sobre las propuestas existentes.
¿Por qué es necesario hacerlo?
Porque la eutanasia ya forma parte de la conversación social y legislativa en México. Durante la actual Legislatura federal se han identificado diversas iniciativas relacionadas con su regulación, despenalización, muerte digna o muerte asistida. Algunas plantean reconocer y despenalizar la eutanasia; otras incorporan el concepto de muerte asistida o proponen establecer disposiciones específicas dentro de la Ley General de Salud.
No todas las propuestas son iguales. Existen diferencias importantes respecto de los supuestos en que podría aplicarse, los procedimientos, las condiciones médicas y las obligaciones de las instituciones y profesionales de la salud. Esa diversidad hace todavía más importante que las comisiones responsables realicen un análisis integral.
Además, debemos distinguir conceptos que con frecuencia se confunden.
La eutanasia implica que un profesional de la salud provoca deliberadamente la muerte de una persona que lo solicita de manera expresa, libre, informada e inequívoca, con el propósito de poner fin al sufrimiento derivado de una enfermedad grave e incurable.
La ortotanasia y las voluntades anticipadas tienen una lógica diferente: permiten rechazar o suspender tratamientos que prolonguen artificialmente la vida. No se trata de provocar directamente la muerte, sino de respetar la decisión de la persona respecto de tratamientos médicos que ya no desea recibir.
Esta diferencia es fundamental para evitar que el debate se construya sobre conceptos equivocados.
También debemos reconocer que México no discute este asunto en aislamiento. Países como Países Bajos, Bélgica y España cuentan con legislaciones nacionales que permiten la eutanasia bajo determinados marcos normativos. Canadá también cuenta con un sistema federal de asistencia médica para morir. Nueva Zelanda y Luxemburgo se han sumado a los países que cuentan con legislación específica.
En nuestra región existen también experiencias importantes. Colombia desarrolló su regulación a partir de decisiones de su Corte Constitucional y disposiciones administrativas desde 2015. Uruguay, por su parte, aprobó en 2025 su Ley de Muerte Digna y expidió su reglamento en 2026.
México tiene actualmente una realidad jurídica distinta. La Ley General de Salud prohíbe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido dentro de su marco de cuidados paliativos. Además, existen disposiciones penales federales y locales relacionadas con la ayuda al suicidio y con la privación de la vida a petición de la víctima.
Modificar este marco requiere, por tanto, una discusión nacional, cuidadosa y jurídicamente sólida.
Pero una legislación responsable también debe escuchar a la sociedad.
De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad, presentada en 2023 por la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad, con colaboración y aval de especialistas de la UNAM, siete de cada diez personas encuestadas manifestaron estar a favor de la eutanasia o muerte asistida médicamente para pacientes en fase terminal. En la Ciudad de México y la región Centro, la proporción alcanzó ocho de cada diez.
Estos números no resuelven el debate, pero sí demuestran que existe una conversación social que las instituciones públicas deben escuchar.
Quienes respaldan la regulación hablan de autonomía, autodeterminación y del derecho a evitar sufrimientos innecesarios. Quienes se oponen plantean preocupaciones relacionadas con la protección de la vida, la ética médica y los riesgos que podría implicar una legislación de esta naturaleza. También existen posiciones religiosas y filosóficas que consideran la vida humana como un valor que debe preservarse hasta su término natural.
Todas esas voces merecen ser escuchadas.
Por eso el camino correcto es el debate legislativo. Una eventual regulación tendría que establecer salvaguardas estrictas para impedir abusos y proteger a las personas más vulnerables. Deberían analizarse, entre otros elementos, el consentimiento libre e informado, los diagnósticos médicos, la participación de profesionales de la salud, los cuidados paliativos, la objeción de conciencia y los mecanismos de supervisión institucional.
La discusión sobre la eutanasia tampoco debe plantearse como una confrontación entre quienes defienden la vida y quienes no lo hacen. Muchas veces, quienes enfrentan una enfermedad terminal desean precisamente tener la posibilidad de decidir cómo afrontar una etapa de enorme sufrimiento, acompañados por sus familias y por profesionales de la salud.
La dignidad humana debe estar en el centro.
Como legisladores tenemos la obligación de escuchar, estudiar y debatir. No podemos sustituir la discusión parlamentaria por prejuicios, silencios o posiciones anticipadas.
Mi propuesta busca precisamente eso: que las iniciativas existentes sean analizadas y dictaminadas, que se conozcan sus alcances y riesgos y que, con base en evidencia médica, jurídica, ética y social, el Congreso de la Unión tome una decisión.
Porque cuando hablamos del final de la vida estamos hablando también de la manera en que una sociedad entiende la libertad, la dignidad y el respeto a las personas.
México merece tener esta conversación. Y merece tenerla con seriedad, sensibilidad y responsabilidad.
-Pablo Trejo Pérez. Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
