Cada septiembre vuelvo a preguntarme lo mismo: ¿a quién le prestamos el escenario cuando la ciudad entera sale a celebrar que dejamos de ser colonia? No es una pregunta menor. Cuando una alcaldía monta una tarima para el Grito, no solo organiza un concierto: decide, con dinero de todos, qué voces va a escuchar la gente y cuáles se quedan afuera.
Lo digo con cifras encima de la mesa. El año pasado, el Zócalo capitalino reunió a cerca de 280 mil personas la noche de la ceremonia, y Coyoacán, solo por dar un ejemplo entre dieciséis demarcaciones, sumó una afluencia superior a las 90 mil. Estamos hablando de públicos que ninguna sala de conciertos privada podría siquiera imaginar, congregados gracias a un esfuerzo público que borra la barrera del boleto y de la distancia. Ese alcance es, precisamente, lo que me hace pensar que la selección de quién sube a esos templetes no puede depender únicamente de qué tan sonado sea un nombre en las plataformas de streaming.
Nuestra Constitución no deja esto a la interpretación: reconoce el derecho de toda persona a disfrutar la cultura y obliga al Estado a impulsar su diversidad. Un concierto gratuito en la plaza de un pueblo o de una colonia cumple ese mandato cuando de verdad abre la puerta a la pluralidad artística del país, no cuando la reduce a un solo sonido o a una sola figura.
Y vaya que somos plurales. En este país conviven el mariachi, el huapango, la chilena, la pirekua y la marimba con el rock, el jazz, la cumbia, el rap y la música electrónica que hoy producen creadoras y creadores mexicanos. Ninguna de esas expresiones agota a las demás. Por eso, cuando hablo de privilegiar el talento nacional en las carteleras patrias, no propongo folclorizar la fiesta ni imponer un género: propongo que el 15 y 16 de septiembre reflejen, de verdad, la diversidad de voces que somos.
Hay además una razón económica que no podemos ignorar. Según la Cuenta Satélite de la Cultura que publica el INEGI, el sector cultural aportó en 2025 el 2.8 por ciento del PIB nacional y sostuvo alrededor de 1.4 millones de empleos. Y las propias fiestas patrias mueven una derrama que, se calcula, alcanzará los 39 mil 600 millones de pesos en 2026, beneficiando a unas cuatro millones de unidades económicas: restaurantes, mercados, transportistas, mariachis, comercios de artículos típicos. Cuando programamos con criterio cultural, no solo cumplimos un mandato constitucional; también inyectamos recursos a las cadenas productivas que sostienen a nuestros artistas.
Pienso, sobre todo, en los mariachis, bandas, sonideros, orquestas comunitarias y colectivos de danza que trabajan todos los días en los barrios y pueblos de la Ciudad de México y que rara vez pisan un escenario de gran formato. Darles un lugar en la cartelera oficial no es un gesto simbólico: es reconocer su oficio, ayudar a su profesionalización y devolverle a la fiesta el vínculo con la comunidad que la sostiene.
No busco quitarle nada a la alegría ni a la convocatoria. Una verbena puede ser masiva, popular y divertida sin dejar de recordarnos por qué la celebramos. Lo que sí me preocupa es que la ceremonia cívica se convierta en un simple telón de fondo de un espectáculo que poco tiene que ver con lo que somos como nación.
Por eso presenté este punto de acuerdo: un exhorto a las 16 alcaldías para que, dentro de sus atribuciones y su disponibilidad presupuestal, prioricen en 2026 a los artistas y agrupaciones mexicanas, y difundan la riqueza cultural del país durante las celebraciones patrias. No se trata de limitar la libertad de cada demarcación para organizar sus festejos, sino de proponer una orientación compartida: que el gasto público en estas fechas entretenga, sí, pero también distribuya oportunidades, fortalezca la economía cultural y mantenga viva la memoria de aquello que celebramos.
-Dip. Gerardo Villanueva Albarrán
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