El proceso, de Franz Kafka, es mi libro favorito. No solamente por su valor literario, sino porque, después de años de ejercer como abogado, he terminado por encontrar en sus páginas una descripción inquietantemente familiar de nuestro sistema de justicia.
Dentro de la novela aparece Ante la ley, conocida también como la parábola de la justicia. La llevo siempre presente en mi ejercicio profesional.
Kafka cuenta la historia de un hombre que llega ante la puerta de la Ley y pide entrar. El guardián le responde que, por el momento, no puede permitirle el paso. La puerta está abierta. La Ley parece encontrarse ahí mismo, al alcance de la vista, pero el hombre no se atreve a cruzar. Entonces espera.
Espera días y después años. Pregunta, suplica y entrega al guardián todo cuanto posee. Envejece sentado frente a aquella puerta hasta que, próximo a morir, formula una última pregunta: si todos buscan la Ley, ¿por qué durante tantos años nadie más ha pedido entrar?
El guardián le contesta que esa puerta estaba destinada solamente para él. Luego la cierra.
Kafka escribió sobre un hombre que perdió la vida esperando justicia. Nosotros hemos construido un país donde esa historia ha dejado de parecernos una ficción.
Recordé inevitablemente esa parábola al escuchar el último mensaje de Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Había sido denunciado por una alumna por posibles actos de naturaleza sexual. Él negó la acusación, afirmó ser inocente y, días después, se quitó la vida.
Su muerte interrumpió cualquier posibilidad de que el procedimiento llegara a una conclusión. No hubo juicio ni sentencia. No sabemos qué habría determinado un tribunal y, por tanto, nadie puede afirmar responsablemente que el profesor era culpable. Pero tampoco podemos asegurar que la denuncia era falsa. Y quizá tampoco la verdad legal nos habría dado una respuesta satisfactoria. Parece mentira que la verdad nunca se sabe.
Lo único indiscutible es que ambos quedaron atrapados ante la puerta.
En su mensaje, Jasso dijo que en México no existe realmente la presunción de inocencia. Que, aunque en teoría correspondía a la Fiscalía demostrar la acusación, en los hechos sería él quien tendría que probar su inocencia ante un sistema corrupto, habitado por fiscales, jueces y abogados que con demasiada frecuencia miran primero sus propios intereses. Habló también del precio de defenderse.
Calculaba que un proceso podía consumir todo su patrimonio. Temía permanecer en prisión preventiva antes de recibir una sentencia. Pensaba que perdería su empleo y que, aun si años después lograba una resolución favorable, ya no tendría dinero, trabajo ni posibilidades reales de encontrar otro. El señalamiento por un delito sexual lo acompañaría siempre.
Quizá recibiría finalmente un documento que dijera “inocente”, pero para entonces ya habría sido condenado por todos los demás.
Como litigante, no puedo desechar esa crítica. He visto demasiadas veces cómo la justicia escrita en los códigos se transforma al entrar en contacto con las fiscalías, los juzgados y las oficinas públicas.
Cuando un cliente me pregunta qué puede esperar de su proceso, suelo darle una respuesta que probablemente no sea tranquilizadora, pero sí honesta:
“En un país con Estado de derecho, usted tendría la razón y sus pretensiones serían atendidas. Pero en el nuestro existen muchos escenarios que no necesariamente son justos. Todo puede depender de la voluntad de un fiscal, del criterio de un juez, de una traba burocrática o de cuánto tiempo y dinero pueda resistir. Por eso es imposible asegurarle cuánto durará, cuánto costará o cuál será el resultado”.
Es entonces cuando vuelvo a Kafka. La puerta está abierta, pero no todos pueden cruzarla.
Hay que pagar abogados, peritos, copias y muchos otros gastos. Hay que ausentarse del trabajo para acudir a diligencias que quizá serán canceladas. Hay que regresar la semana siguiente porque faltó un sello, porque cambió el funcionario o porque el expediente no aparece. Hay que aprender a esperar meses por una decisión urgente y años por una sentencia que acaso ya no pueda reparar nada.
No todos los fiscales son corruptos ni todos los jueces son indiferentes. Tampoco todos los abogados subordinan la justicia a su beneficio. He conocido servidores públicos honestos y profundamente comprometidos.
Pero ningún sistema debería depender de la suerte de encontrarlos.
La presunción de inocencia existe en la Constitución. Sin embargo, puede desvanecerse mucho antes de que comience un juicio. Desaparece cuando el simple señalamiento provoca la pérdida del empleo; cuando la prisión preventiva se convierte en una pena adelantada; cuando defenderse exige entregar el patrimonio, o cuando una absolución llega después de que la reputación y el proyecto de vida han sido destruidos.
Una sentencia favorable puede llegar demasiado tarde. También la puerta de Kafka termina abriéndose, pero el hombre ya no tiene fuerzas para entrar.
Reconocer lo anterior no significa convertir al profesor en inocente declarado ni a la alumna en autora de una denuncia falsa. La presunción de inocencia protege al acusado frente al poder del Estado. No permite trasladar automáticamente la culpa hacia quien denuncia.
Y aquí aparece la parte más incómoda del caso.
Jasso hizo muy mal al revelar el nombre y mostrar la fotografía de la alumna. La dejó expuesta ante miles de personas dispuestas a juzgarla sin conocer los hechos. Puso en riesgo su integridad y convirtió su identidad en objeto de amenazas, insultos y persecución.
Es posible reconocer en ese acto la desesperación de un hombre que sentía cerradas todas las salidas. Pero comprender su desesperación no obliga a justificar sus actos.
Su mensaje también puede leerse como una forma de venganza: dejar a la alumna asociada para siempre con su muerte y colocarla frente a un tribunal todavía más cruel que el judicial, porque el de las redes sociales no admite pruebas, defensa ni absolución.
El profesor temía que una acusación destruyera su vida antes de que un juez pudiera escucharlo. Al identificar a la estudiante, provocó que ella fuera condenada públicamente antes de que las autoridades pudieran investigar su denuncia.
Ésa es la tragedia completa.
No tenemos que escoger entre creer ciegamente al profesor o condenar sin reservas a la alumna. No estamos obligados a decidir quién merece nuestra compasión y quién debe cargar con toda la culpa. Podemos reconocer al mismo tiempo el derecho de una mujer a denunciar una posible agresión y el derecho de cualquier acusado a ser tratado como inocente mientras no se demuestre lo contrario.
Una justicia verdadera debería ser capaz de proteger ambas cosas.
Debería recibir la denuncia sin revictimizar a quien la presenta; investigar con seriedad; preservar su identidad; escuchar al acusado; garantizarle una defensa efectiva y evitar que el proceso se convierta en una condena anticipada.
Pero el nuestro es un sistema que muchas veces abandona a todos.
Abandona a quien denuncia en oficinas donde no le creen, donde debe repetir una y otra vez lo sucedido y donde una investigación puede quedar detenida durante años. Y abandona también al acusado, obligándolo a demostrar una inocencia que jurídicamente nunca debió probar, mientras pierde su tranquilidad, su dinero, su trabajo y su nombre.
Dos personas pueden quedar al mismo tiempo ante dos puertas distintas de la misma Ley. Una pide que se investigue lo que afirma haber sufrido. La otra pide que no se le condene sin pruebas. Ninguna debería ser sacrificada para que la otra sea escuchada.
La muerte del profesor Jasso no demuestra su inocencia. Tampoco demuestra que la alumna dijera la verdad. Su muerte demuestra algo distinto: el miedo profundo que puede provocar un sistema de justicia en el que nadie confía.
Y la exposición de la joven demuestra que, cuando las instituciones no ofrecen un espacio seguro para esclarecer los hechos, la desesperación puede transformarse en violencia contra otra persona igualmente indefensa.
Al final, ambos quedaron ante la Ley.
El profesor miró la puerta y pensó que para cruzarla tendría que entregar todo cuanto poseía. En su desesperación decidió no esperar, pero antes de marcharse dejó a la alumna sentada frente a otra puerta: la del juicio público, vigilada por millones de guardianes anónimos que ya han decidido no dejarla pasar.
Ninguna de esas puertas conduce a la justicia.
Quizá por eso El proceso sigue siendo mi libro favorito y la parábola de Kafka continúa acompañándome en cada asunto que llega a mi despacho. Porque cada expediente parece repetir su advertencia: la Ley puede estar escrita, la puerta puede permanecer abierta y el ciudadano puede tener la razón.
Y, aun así, puede pasar toda la vida esperando que alguien le permita entrar.
