La política contemporánea nos ha regalado un fenómeno fascinante: la metamorfosis de la causa social en accesorio de campaña. En teoría, la llegada de cuotas y candidaturas LGBTTTIQ+ a los congresos y alcaldías prometía una era de vanguardia legislativa. En la práctica, sin embargo, ciertos representantes de la diversidad han demostrado que la orientación sexual o la identidad de género no eximen a nadie de dominar el noble arte de la inacción y el escándalo.
Para muestra, tres botones de la escena pública mexicana que han redefinido el significado de «hacer historia».
Iniciemos el recorrido con las diputadas federales Salma Luévano y María Clemente García, cuyas gestiones pasaron a los anales de la historia parlamentaria, aunque no precisamente por su robustez legislativa. Ambas llegaron al Congreso de la Unión con el histórico estandarte de la visibilidad trans, pero sus agendas parecieron extraviarse entre las luces de los reflectores mediáticos. María Clemente, por ejemplo, prefirió convertir la máxima tribuna del país en un escenario para el performance personal, acumulando polémicas en redes sociales y transmisiones en vivo que poco o nada sumaron a las carpetas de salud, identidad o seguridad de la comunidad que decía representar. Por su parte, Salma Luévano optó por una estrategia de alto impacto visual y bajo presupuesto legislativo, donde las protestas simbólicas y los disfraces desplazaron la construcción de mayorías reales para aprobar leyes urgentes. Al final, el balance para la población trans quedó en una triste paradoja: mucha visibilidad en el escándalo, pero absoluta invisibilidad en el Diario Oficial de la Federación.
Y si el panorama legislativo federal pecó de teatralidad inútil, el ámbito local en la alcaldía Cuauhtémoc no se queda atrás, aunque aquí el guion cambia de la comedia al suspenso. Hace unos días, Diana Sánchez Barrios, autoproclamada defensora de los derechos de las mujeres trans y el comercio informal, “destapó” sus intenciones de querer ser alcaldesa de la Cuauhtémoc; esta persona ha llevado la representación comunitaria a un nivel completamente nuevo de ironía. Mientras el manual del buen político dicta que se deben proteger los derechos económicos de las minorías, las crónicas urbanas y las investigaciones judiciales apuntan a que su verdadera especialidad ha sido la extorsión y violencia contra comerciantes y autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc. Es una lógica brillante: ¿para qué legislar el libre desarrollo económico de la comunidad LGBTTTIQ+ cuando se puede ejercer un control territorial absoluto sobre los comercios mediante métodos que la Fiscalía insiste en llamar extorsión? Así, el activismo de esta persona se transforma en una estructura de poder donde la diversidad sexual es el pretexto y el enriquecimiento ilícito es el objetivo.
En conclusión, estas candidaturas nos dejan una lección invaluable: la inclusión cosmética no garantiza el progreso social. Ver banderas arcoíris en las boletas electorales es un avance democrático, pero ver que esas mismas banderas se utilizan para justificar la parálisis legislativa o el atropello ciudadano es el verdadero triunfo de la ironía política. Al final, la comunidad de la diversidad sexual sigue esperando representantes que cambien las pancartas por reformas y las amenazas por derechos.
