Ocupar un escritorio en la administración pública suele venir con una sutil pero constante tentación: la de archivar la indignación. Se tiene la falsa creencia de que el servicio público exige una neutralidad tan pulcra que termina por diluir las causas que nos trajeron aquí en primer lugar. Sin embargo, para quienes nos formamos en el activismo de base, el paso por las instituciones no es un destino de jubilación política, sino la continuación de la misma batalla por otros medios.
Mi historia, como la de tantas y tantos, comenzó en las calles. Nació de la urgencia de alzar la voz por la comunidad LGBTTTIQ+ y, de manera muy personal, por los derechos y la dignidad de las personas que vivimos con VIH. En esos espacios comunitarios aprendí que defender la salud, el acceso a tratamientos oportunos y la no discriminación no es una agenda de buena voluntad, sino un asunto de justicia legal y social. Ahí entendimos que el estigma mata tanto como la negligencia médica y que la única cura contra el prejuicio es la visibilidad absoluta.
Hoy, desde la Jefatura de Departamento de Diversidad Sexual en la alcaldía Cuauhtémoc, la perspectiva cambia, pero la meta sigue intacta. Pasar de exigir derechos en una pancarta a tener la responsabilidad de diseñar políticas locales, coordinar programas de prevención y asegurar que el aparato gubernamental responda con dignidad a las poblaciones vulnerables es un reto mayúsculo. La burocracia puede ser fría, pero es precisamente ahí donde el ojo del activista se vuelve indispensable: para humanizar el trámite, para recordar que detrás de cada indicador socioeconómico hay una vida que necesita certeza jurídica y atención médica sin sesgos.
Ser servidor público y activista a la vez puede sonar contradictorio, pero en realidad es un puente necesario. El activismo nos da la brújula ética y el pulso de la realidad; el servicio público nos dota de las herramientas institucionales para transformar esa realidad a gran escala. No dejamos de luchar por los derechos humanos por el hecho de firmar circulares u organizar presupuestos; al contrario, es cuando más debemos empujar para que el presupuesto refleje la diversidad de la ciudadanía a la que nos debemos.
Vivimos tiempos álgidos. En el debate público global y nacional, resuenan con fuerza discursos de polarización y retrocesos que pretenden arrinconar de nuevo los avances que tanto trabajo y vidas costó consolidar. Por eso, hoy más que nunca, es vital no bajar la guardia ni guardar silencio. La visibilidad y protección de nuestros derechos es una obligación diaria y constante.
Gobernar es, también, una forma de hacer visible lo que por décadas se quiso mantener en la sombra. Mientras sigan existiendo barreras para el acceso pleno a la salud, violencia de género o discriminación por identidad u orientación sexual, la voz del activismo tendrá que seguir resonando fuerte y claro. Cambiar las realidades desde el servicio público requiere paciencia metodológica, pero sobre todo, requiere memoria: recordar siempre de dónde venimos para nunca olvidar a quiénes nos debemos. La lucha sigue, ahora desde el servicio público, pero con el corazón firmemente puesto en la calle.
