Miércoles, 9 de septiembre de 2026 — Ciudad de México
Los médicos residentes en México enfrentan precarización laboral, violencia de género y guardias extenuantes, además de una situación jurídica ambigua que los coloca a la vez como estudiantes y trabajadores sin garantizar plenamente sus derechos, de acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, llamó a instituciones públicas y privadas que participan en programas de residencias médicas a homologar sus procesos, y exhortó al Congreso de la Unión a dictaminar las iniciativas de reforma pendientes en la materia. Piedra sostuvo que «no es posible aspirar a un sistema de salud fuerte» si quienes trabajan en guardias, urgencias y quirófanos enfrentan condiciones que vulneran sus propios derechos.
UNAM, entre las instituciones señaladas
La CNDH pidió a la UNAM actualizar sus programas y convenios de colaboración con instituciones de salud, para garantizar espacios libres de violencia durante las residencias médicas. De acuerdo con Piedra, la desprotección de los residentes se origina, en parte, en que son tratados como estudiantes o como trabajadores según convenga a cada institución, lo que también repercute en la atención que reciben los pacientes.
Según su planteamiento, esta situación se derivó del desmantelamiento del sistema de salud público que, afirmó, se profundizó con políticas implementadas desde la década de 1980, lo que trasladó la carga operativa a los médicos en formación.
Avances reconocidos por el organismo
El informe también reconoció avances, como la eliminación, anunciada en febrero por el IMSS, de las guardias de más de 24 horas, así como la duplicación de plazas para residentes de primer año entre 2020 y 2025.
El documento se basó en cuatro casos de estudio y en información de instituciones como el IMSS, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Entre sus recomendaciones, la CNDH propuso establecer mecanismos claros de corresponsabilidad entre las instituciones educativas y las de salud, dirigidos al IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, las secretarías estatales, la UNAM y el Poder Legislativo.
