Disciplina o inquisición judicial

Hace unos días viví en carne propia, como abogado, lo que significa pedirle a un juez que examine cómo actuó la fuerza pública. Una persona a la que defendía había sido detenida con violencia y, a mi juicio, de manera arbitraria. Se lo planteé al juez y le mostré videos de ese hecho. Prefirió mirar hacia otro lado. Me quedé con la impresión de que pesó más el temor a desagradar a las instituciones de seguridad que el deber de examinar lo que le estábamos diciendo. ¿Qué puede esperar una persona detenida si hasta el juez tiene motivos para tener miedo?
Pienso en esa audiencia al leer lo que le ocurrió a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez federal de control en Colima. Esta semana se conoció que la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial resolvió destituirlo e inhabilitarlo durante un año para ocupar cargos públicos. La falta que le atribuyó fue la de notorio descuido en el desempeño de sus funciones. Redujo, en cuatro procedimientos abreviados de 2022, las penas solicitadas por la Fiscalía y aceptadas por las personas acusadas.
En un procedimiento abreviado, la persona acusada admite su responsabilidad y se dicta sentencia sin llegar a juicio oral. El juez Sigales explicó que redujo las penas porque, según su interpretación, la falta de antecedentes penales justificaba una disminución mayor. La Fiscalía impugnó y un tribunal de apelación revocó las cuatro decisiones. El Tribunal superior revisa las razones del juez y corrige la resolución si encuentra un error. Aquí, después de la corrección, vino el castigo para quien había resuelto.
El Tribunal de Disciplina nació con la reforma constitucional impulsada por Andrés Manuel López Obrador y publicada en septiembre de 2024. La reforma introdujo la elección popular de personas juzgadoras y extinguió el Consejo de la Judicatura Federal. Sus funciones se repartieron entre el Órgano de Administración Judicial y el nuevo Tribunal, que quedó a cargo de la disciplina y comenzó a operar en septiembre de 2025 con cinco magistraturas electas. Se ofreció como una respuesta a la corrupción y a los abusos. El caso del juez Sigales obliga a preguntarnos qué entiende ese Tribunal por un abuso.
El 3 de noviembre de 2025, en la mañanera, Claudia Sheinbaum contó que habían repuntado los homicidios en Colima. Dijo que, al preguntar por qué, el Secretario de Marina le había respondido que un juez había dejado salir a un delincuente. La presidenta informó que se había enviado una carta a la Corte y al Tribunal de Disciplina. Para entonces el juez Sigales ya había sido suspendido cautelarmente. La conferencia instaló una explicación para la violencia en Colima. El expediente disciplinario que desembocó en la destitución versaba sobre cuatro condenas reducidas años antes. ¿Qué pasó entre una cosa y la otra para que acabáramos hablando de ellas como si fueran la misma?
En la sentencia del caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos distinguió entre la revisión de las resoluciones y la responsabilidad disciplinaria de quienes las dictan. Si se pretende sancionar a un juez por un error inexcusable, la autoridad disciplinaria tiene que explicar por qué la conducta merece un castigo con razones propias. La revocación de la sentencia, por sí sola, es insuficiente. En el caso Cordero Bernal contra Perú, la Corte IDH reiteró que la independencia judicial exige proteger a quienes juzgan frente a sanciones por errores cometidos de buena fe o por sostener una interpretación distinta de la ley.
Se puede discutir si el juez Sigales tenía facultades para reducir aquellas penas. Esa discusión ya ocurrió en apelación. Para destituirlo hacía falta explicar qué hizo, además de sostener un criterio que el superior rechazó, para merecer semejante sanción. Incluso la magistrada Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina, que sí consideró acreditado el descuido, juzgó desproporcionada la destitución y propuso una suspensión de noventa días. El propio Tribunal, además, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La denuncia pone en juego también su libertad.
Volvamos a la persona detenida. Cuando la policía se excede y el juez decide que es mejor pasar de largo, ¿ante quién puede defenderse esa persona? Quienes litigamos sabemos lo difícil que es llegar a una audiencia y conseguir que se escuche lo que pasó durante una detención. Si el juez aprende que examinar lo que hicieron los agentes, desmentir su versión u ordenar una libertad puede costarle el empleo y hasta ponerlo frente a una acusación penal, cada persona que comparezca ante él tendrá que esperar que se arriesgue por hacer su trabajo.
A eso me refiero cuando pregunto si estamos ante la disciplina o la inquisición judicial. En aquella audiencia, la persona a la que defendía necesitaba que el juez se ocupara de lo que le habían hecho. Su libertad dependía de que alguien pudiera pedirle cuentas al poder. ¿Qué protección podemos esperar si para dárnosla un juez tiene que escoger entre hacer valer nuestros derechos y conservar su trabajo y su propia libertad?



