OpiniónPablo Trejo Pérez

El derecho a vivir y permanecer en nuestra ciudad

Las grandes ciudades enfrentan un desafío que va más allá de la construcción de edificios y el crecimiento del mercado inmobiliario: garantizar que sus habitantes tengan la posibilidad de vivir en ellas, desarrollar sus proyectos personales y permanecer en las comunidades donde han construido su historia.

La Ciudad de México no es ajena a esta realidad. El incremento de los precios de la vivienda y de las rentas, la especulación inmobiliaria y los procesos de gentrificación han modificado las condiciones de vida de numerosas familias. En algunas colonias, vivir en el mismo lugar durante muchos años se ha convertido en una posibilidad cada vez más difícil para quienes no cuentan con ingresos suficientes para enfrentar los nuevos precios del mercado.

Ante esta situación, considero que la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, representa una oportunidad para avanzar en la defensa del derecho a la vivienda y establecer nuevas reglas que permitan construir relaciones más equilibradas entre propietarios e inquilinos.

No podemos perder de vista la dimensión del problema. En la capital, alrededor de dos millones de personas viven en una vivienda rentada y existen más de 813 mil viviendas destinadas a este propósito, de acuerdo con los datos presentados por el Gobierno de la Ciudad. Detrás de esas cifras hay estudiantes, trabajadores, familias jóvenes, personas adultas mayores y hogares que enfrentan dificultades para mantener un espacio donde vivir.

Cuando una familia destina una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de la renta, sus posibilidades de ahorro, alimentación, educación y bienestar se reducen. Y cuando los incrementos superan las posibilidades económicas de quienes habitan una vivienda, el resultado puede ser el desplazamiento hacia zonas más alejadas, la separación de las redes familiares y la pérdida del arraigo comunitario.

Por eso, uno de los aspectos centrales de la propuesta consiste en establecer que los incrementos anuales de las rentas no superen la inflación del año anterior. No se trata de congelar los precios ni de desconocer los derechos de los propietarios, sino de establecer un límite razonable que permita actualizar los alquileres sin generar aumentos desproporcionados.

La iniciativa también contempla otros instrumentos que considero importantes para dar certeza jurídica a quienes participan en una relación de arrendamiento.

Entre ellos se encuentran la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones, la limitación de los requisitos que se solicitan para rentar una vivienda, el establecimiento de contratos con una duración mínima de un año y la implementación de un registro digital que permita dar seguimiento a los acuerdos entre las partes.

Asimismo, plantea la creación de una Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que proporcionaría orientación, asesoría, mediación, conciliación y asistencia jurídica gratuita. Este mecanismo puede contribuir a resolver controversias y evitar que las personas enfrenten solas conflictos relacionados con el incumplimiento de contratos o los incrementos indebidos.

Debemos entender que los derechos de quienes rentan y de quienes ofrecen una vivienda en arrendamiento no son incompatibles. Los propietarios necesitan certeza sobre el cumplimiento de los acuerdos, el pago de las rentas y el cuidado de sus inmuebles. Los inquilinos, por su parte, requieren condiciones transparentes, protección frente a prácticas abusivas y seguridad sobre el lugar que habitan.

El equilibrio entre ambas partes debe ser uno de los principios fundamentales de la nueva legislación.

Otro punto que merece especial atención es el acompañamiento social ante los desalojos. La propuesta contempla la creación de un Gabinete de Acompañamiento Social que permita coordinar la atención institucional a las familias que enfrentan procedimientos de desocupación de vivienda, siempre con respeto a las resoluciones judiciales.

Esto es relevante porque los conflictos relacionados con la vivienda no deben convertirse en escenarios de violencia, intimidación o vulneración de los derechos humanos. La autoridad tiene la responsabilidad de garantizar que estos procedimientos se desarrollen conforme a la ley y que las personas en condiciones de vulnerabilidad puedan recibir orientación y apoyo.

Sin embargo, para que una reforma de esta naturaleza tenga legitimidad y responda a las necesidades de la población, es indispensable escuchar a quienes conocen de primera mano la problemática.

Por esa razón, las mesas de diálogo que se desarrollan en el Congreso de la Ciudad de México constituyen una etapa fundamental del proceso legislativo. Este ejercicio, impulsado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia, permitirá conocer las opiniones de personas arrendadoras, inquilinas, especialistas, organizaciones sociales, colectivos de vivienda, autoridades y ciudadanía interesada.

La realización de diez mesas de trabajo entre el 6 y el 17 de noviembre abre un espacio para revisar los alcances de la iniciativa, identificar áreas de oportunidad y recibir propuestas que contribuyan a mejorar su contenido antes de que las comisiones elaboren el dictamen correspondiente.

Considero que este ejercicio debe asumirse con responsabilidad y apertura. Las diferencias de opinión son parte natural de una discusión democrática y pueden contribuir a encontrar mejores soluciones. Lo importante es que el debate tenga como punto de partida el interés público y el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano.

También debemos reconocer que la regulación de las rentas, por sí misma, no resolverá todos los problemas habitacionales de la capital. Es necesario acompañarla de una política integral que incremente la oferta de vivienda social y asequible, recupere espacios urbanos, aproveche adecuadamente la infraestructura existente y genere alternativas para los sectores que tienen mayores dificultades para acceder a un hogar.

En ese sentido, la propuesta del Gobierno capitalino forma parte de una visión más amplia que busca combatir la especulación inmobiliaria, atender los efectos de la gentrificación y garantizar el derecho a la ciudad. El objetivo debe ser que el desarrollo urbano beneficie a quienes viven y trabajan en esta capital, no que termine expulsándolos de sus propias comunidades.

Desde mi responsabilidad como diputado, considero que tenemos la oportunidad de construir un marco jurídico que responda a una necesidad social real. Debemos revisar cada planteamiento, escuchar todas las voces y procurar que el resultado sea una ley clara, equilibrada y aplicable.

La transformación de nuestra ciudad también se mide por la capacidad de garantizar condiciones de vida dignas para sus habitantes. No basta con que existan oportunidades de empleo, servicios y espacios públicos si las familias no pueden encontrar una vivienda que esté al alcance de sus posibilidades económicas.

Defender el derecho a la vivienda significa defender la estabilidad de las familias, la identidad de nuestros barrios y la convivencia entre generaciones. Significa reconocer que las personas son el corazón de la ciudad y que la infraestructura y el desarrollo inmobiliario deben estar al servicio de quienes la habitan y le dan vida todos los días.

Estoy convencido de que la Ciudad de México debe avanzar hacia un modelo en el que vivir y permanecer en ella sea una posibilidad para todas y todos, no un privilegio reservado a quienes pueden pagar los precios más altos del mercado.

*Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco

X: @PabloTrejoizt

Dip. Pablo Trejo Perez

Originario de Iztacalco y profesor en la UNAM. Diputado local por el Distrito 15 de esa demarcación en el Congreso de la Ciudad de México, donde preside la Comisión de Hacienda Morena. Ha colaborado como columnista de opinión en medios como Eje Central y Uno Más Uno, especialista en gestión del agua, reforma electoral y derecho a la ciudad. Sus columnas reflejan su punto de vista personal y no representan la línea editorial de este medio.

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