Entre el dato y el estigma: El hilo fino entre la estadística, el prejuicio y la prevención de la violencia sexual
En el combate a la violencia sexual, uno de los mayores enemigos de la justicia es el prejuicio. Quienes operamos el Sistema Penal Acusatorio libramos batallas diarias contra ideas preconcebidas que contaminan las investigaciones y las sentencias. Sin embargo, para entender verdaderamente cómo erradicar estos sesgos, debemos hacer una distinción fundamental que rara vez se discute: la diferencia entre un prejuicio recargado en la pura subjetividad moral, y aquel que se escuda detrás de una estadística.
Los prejuicios subjetivos son aquellos que no tienen ningún sustento empírico; nacen del machismo, la moralidad y la ignorancia. Son afirmaciones dañinas como «las mujeres que salen de noche provocan las agresiones», «la forma de vestir influye en el delito» o «los hombres no pueden controlar sus instintos». Estos estereotipos han sido ampliamente rechazados tanto por la ciencia como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues su única función es culpar a la víctima y exculpar al agresor.
Por otro lado, nos enfrentamos a un fenómeno mucho más complejo: los prejuicios que se alimentan de realidades estadísticas. La criminología y los datos oficiales nos arrojan patrones innegables: la inmensa mayoría de los delitos sexuales son cometidos por hombres, y una abrumadora mayoría de estos agresores no son desconocidos en callejones oscuros, sino personas del círculo familiar, laboral o social de la víctima.
El gran riesgo surge cuando la sociedad, e incluso algunas autoridades, toman esta estadística y la convierten en un prejuicio. Es aquí donde debemos trazar una línea inquebrantable: un prejuicio no se vuelve jurídica ni humanamente aceptable solo porque exista una estadística que lo respalde.
Saber que un alto porcentaje de las agresiones ocurren en el entorno familiar no nos da derecho a estigmatizar a todos los padres, tíos o hermanos. Saber que la mayoría de los agresores son hombres no justifica criminalizar la masculinidad por decreto. En un Estado de Derecho, las probabilidades matemáticas no anulan la presunción de inocencia. Nadie debe ser sentado en el banquillo de los acusados ni sentenciado en el tribunal de la opinión pública basándose en lo que dice una gráfica sobre «la mayoría» de las personas con su mismo perfil. La justicia penal es y debe ser siempre individual, basada exclusivamente en evidencia forense y pruebas concretas de cada caso particular.
Entonces, si la estadística no sirve para prejuzgar ni para condenar a un individuo, ¿cuál es su verdadera trascendencia? La respuesta está en la prevención.
Los datos criminológicos no deben usarse como una bola de cristal para adivinar quién es culpable en un tribunal, sino como un mapa de riesgos para el Estado y la sociedad. La estadística nos grita dónde están las vulnerabilidades. Si los números nos dicen que el mayor riesgo de violencia sexual infantil está dentro del hogar, las políticas públicas deben enfocarse en dotar a los niños de herramientas de educación integral para identificar el abuso, y en crear canales de denuncia seguros en las escuelas.
Si la estadística refleja una asimetría de poder sistemática en los centros de trabajo, las empresas y las instituciones deben implementar protocolos de prevención y actuación inmediata, en lugar de esperar a que el delito se consume. La estadística es una herramienta de luz para la prevención, no un mazo para la condena anticipada. Como sociedad, debemos aprender a leer los números para proteger a las posibles víctimas, desarticular los entornos que facilitan el abuso y exigir políticas públicas eficientes. Pero al cruzar las puertas de un juzgado, los prejuicios —tengan o no base estadística— deben quedarse afuera. Porque la justicia no es una cuestión de probabilidades, es una cuestión de pruebas
