Regulación, ciencia y ética al servicio de los menores: el reto digital de México
La discusión sobre el impacto de la tecnología en el desarrollo de la niñez ha dejado de ser una especulación futurista para convertirse en un asunto central de la política pública mexicana. Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la realización de foros regionales de consulta que comenzarán en agosto en el Noreste, continuarán en septiembre en el Sur-sureste y culminarán en el Centro-sur del país. El objetivo primordial de este ejercicio participativo es construir un consenso social y técnico que derive en una propuesta de regulación de plataformas digitales e inteligencia artificial para proteger a niñas, niños y adolescentes, la cual será entregada al Congreso de la Unión.
El planteamiento gubernamental enfatiza que cualquier norma legal debe sustentarse en la evidencia científica sobre la salud mental, el sueño y el bienestar familiar, evitando imponer esquemas rígidos desde el poder. Como complemento a la labor legislativa, la Secretaría de Educación Pública y la UNESCO en México han aportado datos reveladores: más del 90% de los adolescentes mexicanos son usuarios habituales de internet, mientras que una de cada tres personas conectadas a nivel global es un menor de edad. Asimismo, estudios recientes muestran dinámicas complejas, como la creciente interacción emocional de la juventud con agentes de inteligencia artificial y los altos porcentajes de padres de familia preocupados por el tiempo excesivo de sus hijos frente a las pantallas.
Frente a esta realidad, la propuesta mexicana no busca únicamente limitar el acceso a los dispositivos, sino articular un modelo integral basado en la educación digital, la corresponsabilidad de los desarrolladores tecnológicos y el fortalecimiento de los vínculos afectivos en los hogares. Se pretende que las familias cuenten con herramientas de higiene digital y que las empresas incorporen principios de ética en el diseño de sus algoritmos para neutralizar los mecanismos adictivos. A nivel nacional, dieciséis entidades federativas ya aplican restricciones al uso de teléfonos celulares en las aulas, sumándose a la tendencia internacional donde decenas de países han normado el uso de la tecnología en las escuelas.
Esta búsqueda de regulación y uso responsable encuentra una profunda coincidencia con las reflexiones éticas planteadas por el Papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas. En este documento clave sobre la tecnología contemporánea, el Pontífice advierte que la inteligencia artificial y las herramientas digitales imitan funciones humanas pero carecen de conciencia moral y empatía, por lo que nunca deben considerarse neutrales. La encíclica enfatiza que el desarrollo técnico debe estar estrictamente subordinado a la dignidad de la persona y que ningún algoritmo puede sustituir la presencia, el encuentro ni la responsabilidad de las relaciones humanas auténticas.
Para Su Santidad, la tecnología debe desarmarse de lógicas meramente comerciales o de dependencia para colocarse al servicio del bien común y de la protección de las poblaciones más vulnerables. Esta visión encaja con las recomendaciones de los organismos internacionales y con los objetivos planteados para las mesas de trabajo en México, las cuales buscan priorizar la ética del cuidado en la arquitectura digital.
El proceso deliberativo que vivirá nuestro país representa una oportunidad histórica. Al integrar las voces de docentes, estudiantes, familias, autoridades y académicos en los foros regionales, México avanza hacia una legislación equilibrada. El compromiso legislativo será traducir estas evidencias científicas y principios éticos universales en leyes capaces de resguardar el porvenir educativo y emocional de nuestra niñez, garantizando que la tecnología continúe siendo una herramienta al servicio del ser humano y no un factor de aislamiento.
