Miércoles, 08 de julio de 2026 — Ciudad de México
La investigación del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzó hacia la etapa de toma de testimonios, de acuerdo con una reconstrucción publicada por LA NACION. El caso, a cargo de tres fiscales federales, indaga si el manejo de fondos de la entidad a través del sistema bancario estadounidense pudo derivar en delitos como lavado de activos o fraude.
Según el reporte, uno de los testimonios ya recabados es el del empresario Guillermo Tofoni, en una videollamada de tres horas con fiscales y agentes del FBI de Washington D.C. y Miami. Los investigadores buscan además testigos con conocimiento directo de la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA, así como del manejo de TourProdEnter LLC, la empresa encargada del cobro de contratos comerciales internacionales de la entidad.
El expediente está a cargo de los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington D.C., y Michael Berger, del distrito sur de Florida, quien previamente participó en el caso que derivó en la condena por lavado de activos del excontralor ecuatoriano Carlos Ramón Polit Faggioni. La pesquisa preliminar comenzó a gestarse en 2025, aunque LA NACION reconstruyó un antecedente de 2024, cuando el entonces Ministerio de Seguridad argentino compartió con autoridades estadounidenses información sobre posibles riesgos vinculados a la AFA.
De acuerdo con documentación bancaria revisada por ese medio, TourProdEnter LLC administró alrededor de 260 millones de dólares en ingresos de la AFA a través de cuentas en Estados Unidos, de los cuales una parte no tendría un destino operativo claramente identificable. La empresa, según el reporte, cobraba comisiones equivalentes al 30% de los ingresos internacionales de la AFA y un 10% adicional por logística.
Representantes de la AFA en Estados Unidos participaron recientemente en un foro sobre fútbol y justicia en Miami, donde insistieron en que la apertura de una investigación no equivale a una determinación de responsabilidad penal.
