“La procuración de justicia es una simulación”. La frase fue expresada por víctimas y recogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 2 de octubre de 2015, al concluir una visita a México, la CIDH dejó constancia de que había escuchado esa expresión una y otra vez en distintas regiones del país. En su posterior informe sobre México explicó que esa percepción nacía de la fabricación de culpables y de actuaciones que, por falta de debida diligencia, no producían resultados.
La Comisión no describía un país sin leyes. Describía algo quizá más preocupante: un país con códigos, protocolos, instituciones y expedientes que no siempre conseguían traducirse en justicia.
Han pasado once años. Estamos en octubre de 2026 y aquella palabra conserva una vigencia incómoda.
Simular no siempre significa quedarse sin hacer nada. A veces la simulación trabaja muchísimo: abre expedientes, levanta actas, practica diligencias, llena formatos y coloca sellos. Produce suficiente papel para demostrar que todos hicieron algo, aunque el problema permanezca exactamente igual.
En días recientes, un asunto me hizo volver a esa frase. Durante un cateo se aseguró un establecimiento a partir de una hipótesis relacionada con la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita. Cuando aquella hipótesis dejó de ocupar el centro de la investigación, al acreditarse la procedencia lícita del combustible, la fiscalía señaló que no se había exhibido un permiso administrativo distinto y el asunto continuó con el aseguramiento per se.
El motivo cambió, pero la afectación permaneció.
Según las gestiones realizadas, el trámite para expedir el documento permanecía sin resolverse ante una autoridad administrativa distinta de la fiscalía. La empresa debía exhibirlo para acreditar su cumplimiento, pero la autoridad competente no resolvía la solicitud. Aunque la fiscalía podía requerirlo, la falta de ese permiso no formaba parte de la hipótesis delictiva que motivó el cateo. Aun así, su ausencia fue invocada para mantener el aseguramiento del establecimiento.
Entonces surge una pregunta incómoda: ¿se está investigando una conducta concreta o se está buscando cualquier razón que permita conservar una consecuencia ya impuesta?
La legalidad no puede ser un blanco que se mueve cada vez que el ciudadano está a punto de alcanzarlo.
Esto tampoco concede a las empresas permiso para incumplir. Cuando se trabaja con gas, combustible o cualquier actividad capaz de generar riesgos, cumplir significa mantener instalaciones seguras, capacitar al personal y actuar antes de que ocurra un daño. Ningún laberinto burocrático justifica poner en peligro a los demás.
Pero una cosa es el cumplimiento real y otra el documental. Necesitamos ambos. La falta de un permiso no demuestra por sí sola que una operación sea insegura, como una carpeta impecable tampoco garantiza que todo se esté haciendo bien.
El cumplimiento normativo —o compliance, como preferimos llamarlo para que parezca más sofisticado— no vive en un manual encuadernado. Vive cualquier martes, cuando llega un inspector y pregunta por el documento cuya expedición la propia administración mantiene sin resolver.
Entonces comienza otra simulación: la empresa hace como que puede cumplir; la autoridad hace como que existe una ruta para hacerlo y el expediente hace como que explica la realidad.
Cuando las obligaciones son inciertas o la autoridad no ofrece una ruta eficaz para satisfacerlas, el cumplimiento deja de ser una conducta verificable y se convierte en un trámite interminable. El ciudadano presenta solicitudes, la oficina las recibe, el expediente acumula constancias y el documento sigue sin existir. Todos pueden acreditar que hicieron algo, pero nadie puede explicar por qué el problema continúa.
Cumplir es responsabilidad de la empresa. Hacer posible el cumplimiento también es responsabilidad del Estado.
Y esta simulación también aparece en las aulas.
Hace unas semanas comenzó un nuevo cuatrimestre. Encontré estudiantes con entusiasmo, pero también con deficiencias que no son enteramente suyas. Algunos han pasado por un sistema en el que el profesor hace como que enseña, el alumno hace como que aprende y la institución coloca una calificación que hace como que mide algo. Hay tareas, exámenes y evidencias. Administrativamente, todos cumplieron. Académicamente, quizá nadie aprendió.
No todos los servidores públicos, empresarios, docentes o alumnos actúan así. Generalizar también sería faltar a la verdad. El problema es una cultura que premia el comprobante por encima del resultado, pues importa más demostrar que estuvimos ahí que responder qué fue lo que hicimos mientras estuvimos.
Entendamos: abrir una carpeta de investigación con muchas actuaciones no significa que un Ministerio Público esté verdaderamente cumpliendo su función; ordenar verificaciones y llenar actas no significa que el inspector esté verdaderamente trabajando; dejar tres actividades de aprendizaje y aplicar dos exámenes no significa haber enseñado, y entregar las tareas y aprobar los exámenes no significa haber aprendido.
Once años después, quizá la pregunta no sea por qué seguimos simulando, sino cuánto hemos aprendido a vivir de la simulación.
Podemos pasar años haciendo como que investigamos, cumplimos, enseñamos y aprendemos. Pero la realidad, tarde o temprano, siempre termina auditándonos.
Y cuidado con el resultado si, cuando llegue ese momento, descubrimos que durante todo este tiempo solamente hicimos como que.
-Rosendo Gómez
