Creo que una prueba difícil para un gobernante es escuchar cómo se ríen de él. Puede responder a un cuestionamiento con discursos y explicaciones. Frente a una caricatura, esas herramientas sirven de poco. George Orwell lo entendió: «Cada chiste es una pequeña revolución». La risa permite mirar al poderoso sin solemnidad. El ciudadano deja de sentirse pequeño frente a quien manda.
La frase viene a cuento por la llamada “Ley Antimemes”, aprobada por el Senado el 30 de septiembre. ¿Podría alguien terminar en la cárcel por burlarse del gobierno? ¿Quedarán prohibidos los cartones políticos? Conviene leer qué se aprobó. Defender la libertad de expresión exige discutir con precisión aquello que puede amenazarla.
Se trata de una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La aprobación senatorial y su envío a la Cámara de Diputados no bastan para convertirla en ley vigente. El punto que originó la polémica es el artículo 403 Bis propuesto para la segunda de esas leyes, que establece prisión de uno a cinco años y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización.
La disposición sanciona utilizar, reproducir, imitar o incorporar, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas para inducir a error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, plataforma o servicio, con intención de cometer un ilícito. Estas condiciones deben concurrir. Reproducir una imagen gubernamental, no configura el delito descrito.
Pensemos en una página que suplanta a una dependencia para cobrar trámites fraudulentos. Hay razones para perseguir esa conducta. Un caricaturista que imita un anuncio oficial para exhibir una promesa incumplida hace otra cosa. Que cobre por su trabajo tampoco demuestra que pretenda cometer un ilícito. Confundir ambas cosas sería desconocer los elementos de la disposición.
Por eso no encuentro fundamento para afirmar que el texto prohíbe todos los memes. Pero tampoco creo suficiente que sus promotores aseguren que nadie pretende censurar. Las leyes penales deben ser claras. El alcance de «escala comercial» y la falta de una salvaguarda expresa para la sátira merecen una respuesta jurídica. La tranquilidad de quien publica no debería depender de la buena voluntad de quien puede investigarlo.
Molière escribió: «Se soportan fácilmente las reprimendas; pero no se soporta la burla». Quien acepta una crítica en lenguaje respetuoso puede enfurecer cuando esa misma crítica aparece en un dibujo. La caricatura exhibe la distancia entre lo que un gobernante dice de sí mismo y lo que los ciudadanos ven. Esa distancia revela más que un informe de gobierno.
Importa el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Kimel contra Argentina estableció que las restricciones penales a la expresión deben cumplir exigencias de legalidad estricta, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad. El debate de interés público protege también las expresiones que chocan, irritan o inquietan. Los funcionarios están sujetos a un escrutinio más intenso por sus responsabilidades.
Ese estándar obliga a distinguir la suplantación destinada a cometer ilícitos de la expresión crítica. La molestia del funcionario no justifica una sanción. Tampoco basta invocar la protección de una institución: debe acreditarse la necesidad y proporcionalidad de la restricción. Una parodia exagera, deforma y construye situaciones absurdas. Su sentido debe valorarse en contexto, sin tratar cualquier imitación como engaño delictivo.
Jonathan Swift lo explicó: «La sátira es una especie de espejo en el que quienes miran suelen descubrir el rostro de todos, menos el suyo». Nos divierte reconocer al adversario en ese espejo. Nos cuesta aceptar nuestra propia imagen. Ahí se prueba la convicción democrática: cuando defendemos el derecho de alguien a burlarse de aquello que nosotros admiramos, incluso del gobierno por el que votamos.
Creo que una salvaguarda expresa para la parodia, la caricatura, el periodismo y la creación artística ayudaría a dar certeza. Debe acompañarse de una delimitación del delito. Invocar el humor no tendría que encubrir un fraude real; proteger la identidad institucional tampoco tendría que servir para perseguir una opinión. El legislador debe aclarar esa frontera antes de que un ciudadano deba defenderla ante el juez.
«El deber de la comedia es corregir a los hombres divirtiéndolos», decía Molière. Un meme puede acercar una discusión pública a quienes jamás leerían un dictamen. Charles Chaplin añadió otra perspectiva: «La vida es una tragedia vista en primer plano, pero una comedia vista en plano general». Cambiar la distancia nos permite descubrir el absurdo que la solemnidad había ocultado.
El gobierno debe combatir el fraude y aceptar que los ciudadanos se rían de él. Cada chiste es una pequeña revolución. El poder tendrá que aprender a vivir con ella.
-Mtro. Héctor Pérez Rivera
