FGR revela cómo operaba la red de ‘huachicol fiscal’ de los hermanos Farías Laguna
Lunes, 07 de septiembre de 2026 — Ciudad de México
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que la investigación contra Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como «Los Primos», por el presunto delito de contrabando de hidrocarburos, derivó en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. El cargamento se encontraba a bordo de un buque detenido en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con Godoy, ese hallazgo permitió identificar una presunta red criminal más amplia, con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos ingresados de manera ilegal al país. La fiscal explicó que los buques utilizados zarpaban principalmente desde Texas con cargamentos declarados como aceite o aditivo, con el fin de modificar su tratamiento fiscal. Según la investigación, los hermanos Farías Laguna habrían contado con cómplices en designaciones y ascensos dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
El hallazgo en CDMX y la situación legal de los señalados
Godoy precisó que las indagatorias ubicaron operaciones de esta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, donde la FGR cateó una bodega arrendada por Roberto Farías. En el inmueble, la autoridad aseguró expedientes navales, listas de aduanas, documentación clasificada como reservada, armas sin registro y objetos de lujo.
Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025, mientras que Fernando Farías Laguna fue localizado en Argentina y posteriormente extraditado a México. Ambos enfrentan actualmente un proceso por delincuencia organizada y delitos contra la salud en materia de hidrocarburos, y permanecen en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.
De acuerdo con reportes periodísticos, ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aunque la fiscal no mencionó a Ojeda en su mensaje. Godoy aclaró que las investigaciones se concentran en las conductas atribuidas a los señalados y a sus posibles colaboradores, y no representan una acusación institucional contra la Secretaría de Marina. «Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen tiene que responder ante la justicia», afirmó la fiscal, quien indicó que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red.
